Lima.- La inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema social de Perú, superando a la economía y la corrupción, y ha desencadenado una crisis política que ha llevado a la destitución de presidentes y a la llegada de líderes interinos con poca legitimidad.
El 10 de octubre de 2025, el Congreso peruano destituyó a Dina Boluarte de la presidencia, alegando una “incapacidad moral permanente” para enfrentar la criminalidad, tras varios hechos violentos que incluyeron ataques con armas de fuego durante conciertos y manifestaciones en Lima. Boluarte fue reemplazada por el presidente del Congreso, José Jerí, un líder derechista de 38 años, cuya trayectoria política genera desconfianza entre los ciudadanos.
Descontento social y protestas
Las protestas en Lima se han intensificado, con manifestaciones que han dejado víctimas mortales y numerosos heridos, como el joven músico Eduardo Ruiz, abatido por disparos de la policía durante una movilización. Ante la presión ciudadana, el gobierno de Jerí declaró estado de emergencia en Lima y Callao el 21 de octubre de 2025, restringiendo derechos como el de reunión y permitiendo la militarización de las calles.
A pesar de estas medidas, el descontento persiste. Muchos ciudadanos consideran que la declaratoria de emergencia es una respuesta autoritaria ante la crisis y no una solución efectiva al avance del crimen organizado.
Alarma por el crimen organizado
El aumento de la inseguridad en Perú es evidente en las cifras oficiales:
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Las denuncias por extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024, concentradas principalmente en Lima.
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Entre enero y octubre de 2025, 47 conductores fueron asesinados por pistoleros.
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La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 3,5 en 2019 a 6,1 en 2024, un incremento del 74 %.
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Se calcula que más de 200 organizaciones criminales operan en Lima Metropolitana.
Estas cifras reflejan la profunda penetración del crimen organizado, que combina extorsión, asesinatos y control territorial, generando temor y desgaste social.
Un presidente débil ante la crisis
José Jerí enfrenta una legitimidad limitada, ya que asumió la presidencia por la vía legal, pero sin respaldo democrático directo. Su juventud, escasa experiencia política y antecedentes cuestionables han provocado protestas desde su nombramiento, antes incluso de conformar su gabinete.
El sistema legal peruano permite que el presidente del Congreso asuma el poder en ausencia de vicepresidentes, generando una espiral de inestabilidad: si Jerí renunciara, un nuevo presidente legislativo asumiría automáticamente la presidencia, sin resolver la falta de legitimidad. Perú ha tenido ocho presidentes en los últimos diez años, reflejo de una crisis estructural prolongada.
Perspectivas y elecciones
Las próximas elecciones generales se realizarán el 12 de abril de 2026, cuando se elegirán presidente, vicepresidentes y representantes al Congreso y al Parlamento Andino. Mientras tanto, la incertidumbre y la inseguridad siguen marcando la agenda del país, con ciudadanos que exigen medidas efectivas frente al crimen y políticas públicas de largo alcance.
Colaboración: Xavier Velásquez