Por: Lcdo. Efraín Luna Mejía, Ph.D.
X: @EfrainLunaM
El próximo 16 de noviembre, más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para decidir sobre cuatro preguntas clave que podrían transformar el rumbo institucional del país.
Aquí un resumen de cómo está la situación a menos de un mes de la votación.
El proceso, convocado por el presidente Daniel Noboa, incluye tres preguntas de referéndum y una de consulta popular, con implicaciones que van desde la seguridad nacional hasta la estructura del poder legislativo.
¿Cuáles son los puntos más polémicos?
Las preguntas han generado debate por su alcance y por las posibles consecuencias que traen consigo:
Bases militares extranjeras
Se propone eliminar la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
Críticos advierten riesgos de soberanía y alineamientos geopolíticos, mientras el gobierno argumenta que se busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
Eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos
Esta medida busca cortar el aporte económico del Estado a las organizaciones políticas. Para algunos, representa un ahorro y una depuración del sistema; para otros, podría debilitar la democracia al favorecer solo a partidos con financiamiento privado.
Reducción del número de asambleístas
Se plantea disminuir el número de legisladores. Aunque podría mejorar la eficiencia legislativa, también se teme una menor representatividad territorial y social.
Convocatoria a Asamblea Constituyente
La pregunta más trascendental: ¿Debe organizarse una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución?
Este punto ha encendido alarmas sobre la posible concentración de poder y la desinstitucionalización del país.
¿Qué implicaciones tendría una nueva Constitución?
Legales: La aprobación de una Asamblea Constituyente implicaría la suspensión parcial del orden constitucional vigente desde 2008.
Se abriría un proceso de redacción que podría modificar derechos, deberes, estructura del Estado y equilibrio de poderes.
Sociales: Podría generar polarización, movilizaciones y redefinición de pactos sociales. También abre la puerta a reformas profundas en temas como justicia, educación, economía y participación ciudadana.
¿Qué opinan los distintos sectores?
Gremios y sindicatos: Algunos respaldan la reducción de asambleístas y el recorte de fondos a partidos, pero rechazan la idea de bases militares extranjeras y temen que una nueva Constitución afecte derechos laborales.
Academia: Universidades y centros de investigación han pedido mayor debate público y transparencia.
Señalan que una Asamblea Constituyente requiere planificación, legitimidad y participación plural.
Ciudadanía: Hay confusión y desinformación. Muchos votantes aún no comprenden el alcance de las preguntas.
Organizaciones civiles han lanzado campañas educativas para evitar el “voto a ciegas”.
Conclusión: ¿Qué debe saber el votante?
Este proceso no es una simple consulta técnica. Es una decisión sobre el modelo de país que queremos construir.
La ciudadanía debe informarse, debatir y votar con conciencia. Como señala el Consejo Nacional Electoral: “No podemos votar a ciegas en esta próxima consulta”.
Creo también, que es la hora de los jóvenes, quienes pueden decidir que país quieren tener, dejando de lado la manipulación de los políticos de siempre y pensando en decisiones importantes que marcarán su vida.