Quito.- Ecuador figura en la lista de los países más vulnerables al comercio ilícito, según el Índice de Comercio Ilícito 2025 publicado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT).
Los hallazgos fueron presentados el pasado junio en la 10ª Reunión de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), celebrada en Ciudad de Guatemala, con la participación de autoridades y expertos en la materia.
El Índice proporciona a los gobiernos, responsables de políticas y organismos de aplicación de la ley un marco integral para evaluar la resiliencia frente al comercio ilícito. Al abarcar 158 países — desde mercados emergentes hasta economías avanzadas— destaca vulnerabilidades sistémicas, fortalezas y tendencias emergentes, al tiempo que ofrece recomendaciones prácticas para fortalecer las políticas nacionales, mejorar la aplicación de la ley y fomentar la cooperación internacional.
“El Índice de Comercio Ilícito 2025 de TRACIT es más que un ranking: también puede servir como herramienta de diagnóstico para los gobiernos que buscan adoptar reformas estructurales. Al identificar debilidades clave, vacíos regulatorios y vulnerabilidades, el Índice permite a los gobiernos señalar las áreas que merecen mayor atención, diseñar medidas eficaces y tomar acciones específicas para combatir el comercio ilícito”, dijo Jeffrey Hardy, Director General de TRACIT.
La posición de Ecuador en el Índice
Ecuador ocupa el puesto 113 de 158 países, situándose muy por debajo del promedio mundial junto a otras naciones latinoamericanas como Colombia, Costa Rica, Panamá y México. A pesar de los esfuerzos continuos de las autoridades nacionales, el país sigue enfrentando importantes desafíos en la lucha contra el comercio ilícito.
Los marcos regulatorios y de aplicación de Ecuador muestran signos de madurez, lo que indica que existen estructuras legales formales. Sin embargo, aún no cuentan con una implementación efectiva en todo el ecosistema.
Las autoridades enfrentan importantes desafíos para monitorear a los intermediarios a lo largo de la cadena de suministro. El control de las actividades ilícitas sigue fragmentado en sectores clave de la economía, con una aplicación inconsistente. Problemas
persistentes como la violencia, la inseguridad y la débil gobernanza agravan estas vulnerabilidades, creando un entorno propicio para las actividades delictivas. En estas condiciones, la resiliencia institucional se ve reducida mientras las redes de comercio ilícito continúan creciendo.
Los amplios costos del comercio ilícito
El comercio ilícito está lejos de ser un crimen sin víctimas. Pone en riesgo a los consumidores al inundar los mercados con productos inseguros y no regulados, mientras que las empresas legítimas son perjudicadas por redes criminales que a menudo dependen del trabajo forzado o infantil. Los gobiernos pierden ingresos fiscales vitales debido a que los operadores ilegales evaden la ley, y el crimen organizado canaliza esas ganancias hacia otras actividades ilegales—y frecuentemente violentas—que amenazan la seguridad pública.
Por ejemplo, el crimen organizado se ha volcado cada vez más al comercio ilícito de tabaco como fuente principal de ingresos. El tabaco ilícito, fácil de ocultar y contrabandear, representa el 84 % de todos los cigarrillos consumidos en Ecuador, una de las tasas más altas de la región. Los mercados vecinos enfrentan niveles igualmente elevados de tabaco ilícito, con Panamá en 96 %, Costa Rica en 47 % y Colombia en 36 %.
El alcohol es otro sector afectado por el comercio ilícito. En un foro de 2021 organizado por la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador (CIP), con la participación de TRACIT, los expertos señalaron que las altas cargas impositivas sobre licores y cerveza alimentan los mercados de alcohol ilícito. El contrabando de cerveza a través de las fronteras de Ecuador ha aumentado considerablemente, al mismo tiempo que crecen el consumo de alcohol artesanal ilícito y los productos falsificados. A medida que los consumidores se desplazan hacia productos ilícitos, Ecuador sufre una fuga fiscal generalizada, con una pérdida de más de USD 100 millones solo en licores ilícitos, lo que genera impactos negativos en los ingresos, la movilización de recursos y la creación de empleo. Además, la débil aplicación de la ley y la baja conciencia del consumidor agravan el problema, permitiendo que alcohol peligroso y no regulado circule libremente y socave los objetivos legítimos de salud pública.
Los daños no terminan ahí: industrias como la farmacéutica, la textil y la de pesticidas y semillas también se ven gravemente afectadas. En cada caso, el comercio ilícito erosiona la integridad del producto, pone en peligro a los consumidores y frena el crecimiento de los sectores.
Un llamado a fortalecer las capacidades institucionales
En la 10ª Reunión de ALAC en Guatemala en junio, líderes regionales e internacionales firmaron una declaración en la que se afirma que “las redes criminales transnacionales presentes en las economías de América Latina y el Caribe continúan beneficiándose del comercio ilícito; en consecuencia, es esencial seguir coordinando y articulando respuestas a este flagelo a nivel nacional, regional e internacional”.
El Índice de Comercio Ilícito 2025 de TRACIT destaca la capacidad limitada de Ecuador para combatir eficazmente el comercio ilícito, lo que subraya la necesidad de una cooperación público-privada sostenida. El informe señala que el fortalecimiento de la experiencia técnica, el aprovechamiento de herramientas tecnológicas, el fomento de la cooperación regional y la construcción de una cultura de cumplimiento son pasos esenciales para avanzar en esta agenda.