Quito.- El Gobierno Nacional aprobó la Planificación Operativa Anual para el último trimestre de 2026, que orienta la ejecución de la Política Intersectorial para el Abordaje Integral del Embarazo en Adolescentes 2026–2035 (PLENA). La planificación contempla 51 acciones priorizadas y 27 hitos clave, distribuidos en seis ejes estratégicos para prevenir el embarazo adolescente y fortalecer el acceso a información, servicios de salud y protección.
Esta planificación establece que la prevención y la atención no dependan de una sola institución, articula los servicios de salud, educación y protección social para responder a las necesidades de niñas y adolescentes, además acompañar a quienes están embarazadas y protege sus derechos.
Entre las acciones previstas constan la aplicación piloto del currículo de Educación Integral de la Sexualidad en 764 instituciones educativas y la meta de que el 91% de los establecimientos de salud sean calificados como amigables para adolescentes. Estas medidas buscan fortalecer la prevención, el acceso a información oportuna y la atención integral para niñas y adolescentes.
La aprobación se realizó durante la segunda sesión ordinaria del Comité Intersectorial, presidido por el Ministerio de Salud Pública (MSP).
El encuentro tuvo lugar en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, en Quito, con la participación de la Vicepresidencia de la República, responsable de la articulación intersectorial y el seguimiento estratégico.
También asistieron representantes de los ministerios de Educación, Deporte y Cultura; Gobierno; Trabajo y Desarrollo Humano; y Desarrollo Económico y Productivo.
Atención y protección para una atención integral
Durante la sesión, la Vicepresidencia presentó los avances en el diseño y construcción del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Niñas y Adolescentes Gestantes, con énfasis en menores de 15 años. Este instrumento establece una ruta estandarizada de siete pasos, para articular la atención integral, la detección oportuna y la protección frente a la violencia sexual, y para evitar la revictimización.
El protocolo contempla una “única puerta de entrada”: cuando una de las instituciones participantes de salud, educación o protección social conozca un caso, podrá activar de inmediato los servicios correspondientes y coordinar con las demás entidades.
El paquete de atención previsto incluye servicios médicos, apoyo para la continuidad escolar, protección social y acompañamiento en los procesos judiciales y de protección de derechos. Además, se propone integrar las alertas en una plataforma tecnológica para facilitar la coordinación y el seguimiento de los casos.
“Cualquiera de las instituciones que forman parte de esta iniciativa puede identificar un caso y activar de inmediato los servicios de protección, sin trámites burocráticos innecesarios. Esta coordinación va más allá del papel: se traduce en un beneficio real para agilizar la atención y garantizar una protección integral a nuestras niñas y adolescentes”, explicó la vicepresidenta de la República, María José Pinto.
El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga, quien preside el Comité, destacó la importancia de convertir los compromisos institucionales en acciones concretas para garantizar los derechos, la salud y el desarrollo integral de niñas y adolescentes. “Nuestro principal desafío es seguir transformando los compromisos asumidos en acciones concretas que generen oportunidades e impulsen la calidad de vida y el crecimiento pleno de niñas y adolescentes”, señaló.
Recursos para sostener las acciones hasta 2035
El Subcomité Financiero, con acompañamiento técnico del Banco Central del Ecuador (BCE) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presentó una hoja de ruta para la culminar el desarrollo de un mecanismo de financiamiento.
La propuesta busca atraer aportes externos y fuentes complementarias de recursos vinculados al cumplimiento de resultados, para sostener las acciones de PLENA durante su implementación hasta 2035.
Según el Registro Estadístico de Nacidos Vivos 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se registraron 1.388 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, un 14,5 % menos que en 2024. En adolescentes de 15 a 19 años se reportaron 28.949 nacimientos, una reducción del 5,8 %.
Aunque las cifras muestran una disminución, el desafío persiste. Con esta planificación, el Gobierno Nacional coordina acciones para prevenir el embarazo adolescente y brindar una respuesta que integre salud, educación y protección, de modo que las niñas y adolescentes puedan continuar sus estudios, recibir acompañamiento y desarrollar sus proyectos de vida.
