Quito.- La Comisión de Seguridad Integral recibió observaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense y el experto en Derecho Penal Roberto Calderón, durante el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado Frente al Crimen Organizado, Ley Antimafias, de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.
La representante del CNI, Maura Janet Chulde, respaldó el enfoque penal y procesal del proyecto, pero enfatizó que las competencias de la institución se limitan a la producción de inteligencia y contrainteligencia, con el objetivo de asesorar al presidente de la República en la toma de decisiones.
Asimismo, precisó que todos los productos generados tienen “carácter reservado, secreto y secretísimo”. Por ello, recomendó excluir de la iniciativa las referencias al CNI y mantener una separación estricta entre la inteligencia estratégica gubernamental y la investigación procesal penal, a fin de proteger la seguridad nacional y la eficacia de las operaciones estatales. También planteó precisar qué autoridad será responsable de presentar, requerir o valorar los elementos objetivos necesarios para configurar el delito previsto en el artículo 7, agregado 369.4 propuesto.
Por su parte, Nataly Moya, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriano-Canadiense, propuso reforzar la trazabilidad y los controles de las cadenas logísticas y productivas para prevenir la contaminación de mercancías por organizaciones criminales. También recomendó implementar certificaciones que generen confianza en los mercados internacionales, con una aplicación gradual que considere las capacidades económicas de cada sector y evite incrementos desproporcionados en los costos de producción.
En tanto, Calderón propuso ajustar las penas por captación de personas para la delincuencia organizada en función del número de personas reclutadas; incorporar los sistemas informáticos, las plataformas de inteligencia artificial y los equipos electrónicos de interceptación entre los medios utilizados por estos grupos; y añadir las labores de análisis de datos al delito de pertenencia funcional. Asimismo, planteó incluir el sicariato entre los delitos cuyo plazo de prescripción de la acción penal se incrementaría en la mitad, para evitar que estos crímenes queden sin sanción por el transcurso del tiempo.
En materia de cooperación eficaz, recomendó mantener el esquema vigente de reducción de penas e incorporar las nuevas disposiciones propuestas. También sugirió establecer un mecanismo para que el fiscal provincial revise la negativa o falta de respuesta a solicitudes de pericias y diligencias, con un plazo máximo de 15 días para resolver.
Adicionalmente, propuso implementar controles para verificar si las personas procesadas tienen pasaporte vigente y poseen documentos de viaje de otras nacionalidades; revisar la disposición sobre la sustitución de la prisión preventiva ante la falta de pronunciamiento fiscal, a fin de preservar el sistema penal adversarial; y contemplar el uso doloso de certificados médicos falsos como causal de inhabilitación para ejercer la abogacía, cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada.
Los aportes y observaciones de los comparecientes serán analizados por la Comisión e incorporados, de ser pertinente, al proyecto de ley, previo al segundo debate.
