Quito.- La Contraloría General del Estado (CGE) y el Consejo de la Judicatura (CJ) suscribieron, este lunes 10 de junio de 2024, un convenio de cooperación interinstitucional que tiene por objeto establecer vínculos para desarrollar actividades académicas de formación, capacitación y proyectos de interés común en la prevención y lucha contra la corrupción.

Con la firma de este instrumento, la CGE se comprometió a compartir su experiencia institucional relativa a buenas prácticas en el control público y modelos de gestión; así como a brindar asesoría técnica especializada. Por su parte, el CJ diseñará e implementará cursos de formación y capacitación
conforme las necesidades institucionales de la CGE.

“Para el sistema de control público es esencial que las instituciones actúen con eficiencia y solidez, por eso la nueva Contraloría celebra este convenio con la certeza de que el beneficiario no es solo el organismo de control, o el Consejo de la Judicatura; sino el Estado y la sociedad en su conjunto, que demandan de servidores públicos profesionalizados y capacitados”, señaló el Contralor General, Mauricio Torres.

De su lado, el Presidente del CJ, Álvaro Román, manifestó que “es fundamental que los órganos que son parte del sistema democrático, el uno en la administración de justicia y el otro en el control de los fondos públicos, sumen esfuerzos para que la presencia estatal coordinada contribuya al desarrollo del país”.

El doctor Román destacó que el fortalecimiento del sistema democrático, a través del trabajo interinstitucional, se traduce en el beneficio directo a la ciudadanía. “El intercambio de conocimientos nos permite mejorar los servicios en cada institución; sin duda, este es un mensaje muy fuerte que se está dando sobre el reforzamiento de la institucionalidad en el país”, reiteró.

Hernán Calisto, Director General (e) del CJ, destacó la importancia del convenio, que beneficiará con la capacitación constante de los servidores de ambas instituciones. “Es fundamental que las instituciones públicas puedan Intercambiar conocimientos y compartir experiencias para el control de los recursos públicos”, mencionó.

Con esta iniciativa, las instituciones caminan hacia una marcada ruta de trabajo, con el propósito de interiorizar en el sistema judicial la importante necesidad de vigilar el buen uso de los recursos públicos; así como perfeccionar el sistema de control y auditoría del Estado, desde el máximo organismo técnico encargado de velar por el correcto uso de los bienes y recursos públicos.

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