Quito.- La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este jueves 24 de septiembre, conforme a lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional, inició el proceso de fiscalización a la resolución del Consejo de la Judicatura, de 7 de septiembre de 2026, mediante la cual se suprimieron y modificaron determinadas dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
Una vez que se avocó conocimiento, se dio lectura a los pedidos de información y comparecencias que servirán de base para analizar los justificativos técnicos, jurídicos y administrativos que motivaron la decisión del Consejo de la Judicatura. En este sentido, se planteó requerir el expediente completo que dio lugar a la Resolución 187; copia certificada del acta de la sesión del 7 de septiembre de 2026, así como los soportes de audio y video; los informes técnicos y jurídicos que sirvieron de base para dicha resolución y demás documentos relacionados con esta temática.
Asimismo, se solicitó la comparecencia de los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, del director nacional de la entidad y del director de Asesoría Jurídica, al igual que de varios abogados y expertos en materia constitucional, a fin de contar con los elementos de juicio necesarios para desarrollar una fiscalización responsable.
El presidente encargado de la Comisión, José Nantipia, dispuso que, por Secretaría, se canalicen los requerimientos, a fin de que las autoridades pertinentes remitan la documentación respectiva a la brevedad posible y se pueda avanzar en el proceso dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional.
Al respecto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Justicia, Esteban Torres, subrayó que la fiscalización se inició como corresponde, con el requerimiento de la información técnica, jurídica y administrativa que sustentó la decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura. También se analizará la comparecencia de todas las autoridades y personas que puedan aportar elementos para el análisis. “La ciudadanía debe estar tranquila, la comisión no va a socapar a nadie ni a impedir el debate”, enfatizó.
