Quito.- La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral analizó nuevos planteamientos para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado y las economías ilícitas. En la sesión, representantes de Petroecuador y de la Defensoría del Pueblo expusieron sus observaciones al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, Ley Antimafias, iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.
Andrés López, jefe penal de Petroecuador, centró su intervención en la figura del comiso ampliado de bienes, prevista en la reforma al artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Planteó que la normativa contemple el tratamiento de los productos incautados por la empresa pública una vez concluidas las pericias y experticias técnicas correspondientes.
También formuló una observación al artículo 267.1 del COIP, relacionado con la reparación integral por afectación patrimonial al Estado. Propuso que su cálculo tome como referencia el doble del precio oficial de venta en terminal establecido para las comercializadoras calificadas.
Por su parte, Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, presentó seis observaciones. Estas se refieren a las escalas penales y sus umbrales cuantitativos; el abastecimiento comunitario de bienes vitales para la subsistencia; el desplazamiento interno forzado y sus agravantes, con enfoques de género, intergeneracional e intercultural; la defensa técnica durante inspecciones, con asistencia de un abogado; la atención de solicitudes de diligencias; y la revisión de la regulación administrativa.
Las propuestas expuestas serán analizadas por la Comisión previo al informe para segundo debate.
