Quito.- La Comisión de Seguridad Integral recibió las observaciones de la Cámara de Minería del Ecuador en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado “Ley Antimafias”, iniciativa presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.
Daniela Erazo, representante de la Cámara, destacó la importancia de fortalecer las herramientas legales del Estado para enfrentar las estructuras del crimen organizado y señaló que los aportes del sector buscan contribuir a una normativa clara, efectiva y técnicamente aplicable.
Resaltó que la minería formal constituye un sector estratégico para el desarrollo económico del país, al generar empleo, inversión y cumplir estándares ambientales, sociales y laborales. En este contexto, enfatizó que la extracción ilícita de minerales representa una actividad delictiva vinculada con delitos como el lavado de activos, tráfico de armas, violencia, afectaciones ambientales y pérdida del control territorial.
Como parte de los aportes de esta organización, se refirió a las reformas planteadas al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con la delincuencia organizada, y consideró positiva la ampliación de las formas de participación dentro de estas estructuras criminales. No obstante, recomendó incorporar criterios objetivos que permitan determinar la temporalidad, la permanencia, el nivel de conocimiento y el grado de contribución de las personas involucradas en organizaciones criminales.
Sobre la incorporación del artículo 369.4 del COIP, referente a la permanencia funcional, valoró esta figura jurídica para sancionar a quienes cumplen funciones esenciales dentro de grupos delictivos sin ocupar cargos de dirección. Además, sugirió unificar conceptos como “vínculo funcional estable” y “pertenencia funcional”, con el propósito de garantizar una adecuada aplicación de la norma.
En relación con la sustitución de la prisión preventiva en delitos de delincuencia organizada, consideró favorable el endurecimiento de los requisitos para acceder a este beneficio y planteó ajustes técnicos para evitar contradicciones y duplicidades en la redacción legal.
Asimismo, respaldó las disposiciones relacionadas con la administración provisional de bienes incautados y recomendó establecer obligaciones claras para garantizar su custodia y conservación, el registro de su estado inicial y la realización de controles periódicos, así como para determinar responsabilidades frente a daños, pérdidas o usos indebidos. “Las observaciones no buscan reducir el alcance de la respuesta penal, sino contribuir a que estas disposiciones sean claras y técnicamente aplicables para evitar posteriores vacíos”, enfatizó Erazo.
La comisión continúa enriqueciendo el proyecto de ley mediante la incorporación de aportes técnicos y observaciones de los distintos sectores.
