Quito.- En el marco del debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Restituir el Control Previo de Legalidad de Actos y Contratos, la experta en derecho regulatorio, Larissa Gaibor, sostuvo ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario que los informes previos de la Procuraduría General del Estado ya no son necesarios.
Recordó que, entre 2004 y 2008, la Procuraduría sí emitía estos informes, tanto favorables como desfavorables. Sin embargo, explicó que esa atribución ha sido reemplazada por normativas vigentes, por lo que consideró más pertinente fortalecer la capacitación de los servidores públicos en la elaboración de pliegos, documentos obligatorios que establecen las bases, condiciones, especificaciones técnicas y requisitos legales de los procesos contractuales.
“La contratación pública no necesita un nuevo requisito; requiere corregir otros aspectos, como el direccionamiento de los procesos”, enfatizó.
Añadió que los principales problemas del sistema no radican en la ausencia de informes previos, sino en prácticas como procesos direccionados, la ineficiente atención de reclamos por parte de los oferentes y el temor a los informes de la Contraloría General del Estado, “que tiene paralizado al sector público”, afirmó.
En otro punto del orden del día, la mesa legislativa aprobó, con 10 votos afirmativos, la unificación de proyectos de ley relacionados con el sistema financiero. Entre ellos, la iniciativa para el refinanciamiento y facilidades de pago en créditos, que incluye al sistema financiero y no financiero, entidades emisoras de tarjetas de crédito y casas comerciales, presentada por la exlegisladora Vanessa Álava; y el proyecto sobre la adecuada aplicación de intereses en mora en el sistema financiero nacional, del exlegislador Javier Saquicela. Ambos se integran a la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, actualmente en trámite.Principio del formulario