Quito.- Aunque después de la intervención de todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre la intención de destituir a autoridades designadas o escogidas por el Consejo Transitorio y de explicar porque aceptaron dar trámite a la conformación de una veeduría ciudadana con el mismo fin, la Corte Constitucional dijo que se pronunciaría después de varios días para analizar lo expuesto, el máximo organismo de justicia, decidió poner tiempo límite.
En 72 horas, es decir, 3 días, Alembert Vera y todos los miembros del CPCCS, deberán mostrar pruebas de lo expuesto esta mañana, es decir, de la intención manifesta de no conformar dicha veeduría, sino que lo actuado por ellos, aparentemente obedecía a lo ordenado por el Juez de Montecristi, Leiver Quimís, quien a su vez, dice que dio paso a la veeduría porque se trataba de una petición ciudadana.
Otros casos similares, cuando han sido comprobados en su intención de revisar lo actuado por el Consejo Transitorio, han recibido como sanción la destitución de sus cargos como consejeros ciudadanos.
