Quito.- En la audiencia realizada hoy por parte de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante la Corte Constitucional, para, entre otros temas, analizar la conformación de una veeduría que revise lo actuado por el Consejo Transitorio; el juez de Montecristi, Leiver Quimís, que fue quien dio luz verde a su conformación, aseguró que simplemente resolvió la acción de protección pedida por una ciudadana para que se concrete una veeduría y aseguró que su sentencia gozaba del recurso de apelación, mismo que ya fue ejecutado.
Por su parte, Ismael Merizalde, representante jurídico del CPCCS dijo, que cuando recibió la sentencia del juez Quimís para conformar la veeduría de evaluación del Consejo Transitorio, le aclaró que ante este tema hay límites claros.
Como desenlace de esta situación, Quimís dijo que el CPCCS no presentó una apelación propia pero que se adhirió a la apelación presentada por la Procuraduría General del Estado.
AL tocarle el turno en este tema al presidente del CPCCS, Alembert Vera, recordó que consultó a la Corte Constitucional, sobre cuando los consejeros deben cumplir dictámenes de los jueces, justamente, por el caso del juez Quimís, ya que en caso de no cumplir ciertas ordenes, los consejeros podrían tener implicaciones penales, como ya ha sucedido en otros casos.
Mientras tanto, el abogado Santiago Terán, representante de Nicole Bonifaz, dijo que su representada ni siquiera fue notificada sobre la conformación de dicha veeduría y pidió que se frene la conformación de la misma, pero no recibió respuesta. Y cuestionó que el coordinador jurídico no haya apelado el fallo del juez Quimís, porque representa los intereses del CPCCS.
El presidente de la Corte, Alí Lozada, cuestionó a Alembert Vera sobre su postura con respecto al fallo del juez Quimís a lo que Vera finalmente contestó que no está de acuerdo con la conformación de la veeduría. «La postura institucional ha sido que no se dé paso a la veeduría, respecto a la posibilidad de que exista una violación al fallo del dictamen».
Y agregó que no se apeló porque había una defensa conjunta con la Procuraduría General del Estado, detalle que debe ser confirmado por esta entidad.
Gary Núñez, de la subcoordinación de Control Social del CPCSS, corroboró que la veeduría ciudadana no está conformada y que usualmente se reciben solicitudes de veedurías, pero no todas llegan a su fase final, sin embargo, el proceso para esta cuestionada veeduría sigue su curso, es decir, que el tema no esta cerrado.
Mishelle Calvache, Andrés Fantoni y Johanna Verdezoto, a través de sus abogados se pronunciaron en contra de la conformación de la veeduría. Solamente Augusto Verduga argumentó que la conformación de la veeduría nace de una petición ciudadana, pero que no implica la revisión de lo actuado por el Transitorio. Sin embargo, afirmó que la ciudadana sí que puede revisar lo actuado por el Consejo Transitorio que era presidido por Julio César Trujillo.
Finalmente, Yadira Saltos, mediante su abogado expuso argumentos legales para seguir con el proceso de la veeduría ciudadana. En los próximos días se pronunciará la Corte Constitucional.
