Tena- Capirona, una comunidad kichwa amazónica de unas 300 personas, asentada a orillas del río Puní, en la provincia de Napo, enfrenta desde 2023 una grave crisis ambiental y sanitaria provocada por la minería ilegal que opera aguas arriba. Lo que antes fue una fuente de vida y alimento, hoy es un río contaminado que solo sirve para la navegación.
Habitantes de la comunidad relatan que el agua del Puní comenzó a oscurecerse y a desprender olores extraños. Poco después aparecieron peces con deformidades, niños con ronchas en la piel tras bañarse en el río y personas con frecuentes dolores abdominales. Líderes comunitarios aseguran que dos fallecimientos, entre ellos el de una joven de 22 años y un niño de dos, estarían relacionados con el consumo de agua contaminada.
Ante el riesgo, las 59 familias dejaron de usar el río para beber, cocinar o bañarse y ahora dependen de tanqueros de agua, una realidad impensable para una comunidad amazónica. Además, la contaminación ha afectado su economía, ya que los productos agrícolas cultivados cerca del río se venden a precios mínimos por temor a estar contaminados.
Pese a que Capirona rechazó el ingreso de mineros, la actividad ilegal continúa río arriba. Recién el 2 de febrero de 2026, el Gobierno dispuso la suspensión indefinida de la minería en Napo, una medida que para la comunidad llega tarde, cuando el daño ambiental y humano ya está hecho.