Santa Elena- El asesinato del abogado y creador de contenido Víctor Tomalá Rosales, conocido en redes sociales como “Cholito Palmareño”, ha encendido las alertas de las autoridades en Santa Elena, ante la posibilidad de que el crimen esté vinculado a su ejercicio profesional y a una cadena de ataques contra operadores de justicia en la provincia.
El crimen ocurrió la tarde del 20 de enero de 2026, en una lavadora de vehículos ubicada en el barrio Los Ceibos, cuando Tomalá acudió solo a realizar el cambio de aceite y el lavado de su automóvil. Según el relato de testigos, dos sujetos armados llegaron al lugar en una motocicleta y entablaron una breve conversación con la víctima, aparentemente para confirmar su identidad.
De acuerdo con la versión recogida por la Policía, los atacantes le preguntaron inicialmente por el precio del servicio, a lo que el abogado respondió que también era cliente y que consultaran con el propietario del local. Posteriormente, le hicieron otra pregunta directa: “¿Abogado, usted está vendiendo su carro?”. Tras su negativa, los sicarios habrían confirmado que se trataba del objetivo que buscaban.
Acto seguido, los sujetos abrieron fuego de manera directa. Tomalá intentó defenderse con un arma de fuego, pero ya había recibido varios impactos de bala. Gravemente herido, fue trasladado en una mototaxi hasta el Hospital Liborio Panchana, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.
La Policía Nacional investiga si este asesinato guarda relación con los crímenes de la jueza María Belén Chérrez, asesinada en enero de 2025, y de Óscar Cabezas, secretario de la Unidad de Personas y Garantías del Ministerio Público, asesinado en julio de 2024. Según el jefe de la Subzona Santa Elena, Jorge Hadathy, existe un “hilo conductor importante” que podría vincular estos hechos violentos.
Las primeras indagaciones apuntan a que Tomalá habría estado defendiendo a un cliente relacionado con estructuras criminales, lo que pudo haber generado represalias de grupos rivales. Las autoridades analizan esta hipótesis a partir de la detención de dos sospechosos y la pericia de los teléfonos celulares incautados.
En audiencia de flagrancia, una jueza dictó prisión preventiva por 30 días para los dos implicados. Uno de ellos, identificado como Carlos Eduardo B. L., oriundo de Guayaquil y presunto gatillero, registra un amplio historial delictivo que incluye tentativa de asesinato, tráfico de drogas y porte ilegal de armas. Ambos pertenecerían a la organización criminal Los Águilas.
El asesinato de Víctor Tomalá se suma a una preocupante escalada de violencia contra abogados, jueces y funcionarios judiciales en Santa Elena, reforzando la hipótesis de que el crimen organizado busca intimidar y silenciar a operadores del sistema de justicia, en un contexto de creciente inseguridad en la provincia.