Quito- La decisión del Gobierno de Ecuador de imponer un arancel del 30 % a los productos importados desde Colombia, que entrará en vigencia el 1 de febrero de 2026, ha encendido las alertas del sector empresarial y comercial del país. Gremios advierten que la medida podría derivar en una demanda internacional ante la Comunidad Andina (CAN) y abrir el escenario de una guerra comercial entre ambos países.
Freddy Cevallos, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Colombiana (Camecol), señaló que la medida no se ajusta al marco jurídico andino, por lo que Colombia tendría fundamentos para acudir al Tribunal de Justicia de la CAN y solicitar la suspensión inmediata del arancel. Según el gremio, es altamente probable que el fallo favorezca a Colombia, obligando a Ecuador a revertir la decisión.
Mientras se desarrolla un eventual proceso legal —que podría extenderse por varios meses—, Colombia podría optar por medidas de represalia, imponiendo un arancel similar a los productos ecuatorianos. Esto afectaría directamente a exportaciones clave como enlatados de atún, aceites vegetales y tableros de madera, que entre enero y noviembre de 2025 alcanzaron ventas por USD 808,4 millones en ese mercado.
Del lado de las importaciones, Ecuador compró a Colombia USD 1.717 millones en productos durante el mismo período, destacándose cosméticos, plásticos, vehículos y autopartes, productos farmacéuticos y químicos. Los empresarios advierten que las empresas ecuatorianas no pueden absorber un incremento del 30 %, por lo que el costo será trasladado al precio final, afectando directamente a los consumidores.
Además del impacto económico, el sector empresarial alerta sobre un posible incremento del contrabando en la frontera. El alza de precios incentivaría el ingreso ilegal de productos colombianos por pasos clandestinos, debilitando la recaudación fiscal y agravando los problemas de control fronterizo.
Desde Colombia, la reacción fue inmediata. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), calificó la medida como “profundamente preocupante” y sostuvo que los problemas regionales deben resolverse por la vía diplomática, no mediante restricciones comerciales que agraven la incertidumbre económica en la región.
En este contexto, empresarios de ambos países coinciden en que el mayor perjuicio recaerá sobre consumidores y productores, mientras se tensionan las relaciones comerciales y se pone en riesgo la estabilidad del intercambio dentro de la Comunidad Andina.