La Libertad.- La venta directa de 93 hectáreas de terreno municipal en La Libertad por USD 2,7 millones ha generado una fuerte controversia dentro del Concejo Cantonal y entre la ciudadanía. La concejal Violeta Muñoz, junto a Bruno Dedé, votaron en contra de la transacción y denunciaron presuntas presiones administrativas tras cuestionar la falta de transparencia en el proceso. Según Muñoz, ambos concejales se quedaron sin asistentes administrativos sin explicación formal, medida que consideran una represalia por su labor fiscalizadora.
El proceso de venta, que inició con una solicitud de compra en agosto de 2025, fue aprobado con rapidez: menos de cinco meses transcurrieron desde la propuesta hasta la resolución del Concejo Cantonal. La reforma de la ordenanza para avalúo se aprobó en octubre de 2025, y la venta fue ratificada el 18 de diciembre de 2025, incorporada al orden del día a última hora. Los informes municipales reflejan que el terreno, de alto valor urbano y estratégico, fue vendido por debajo del precio de mercado, mientras zonas aledañas superan los USD 8 por metro cuadrado.
La concejal Muñoz enfatizó que no desistirán de exigir explicaciones sobre la operación: “No fui electa para aplaudir al administrador de turno, fui electa para defender los recursos de la ciudad”. En paralelo, Bruno Dedé presentó una alerta ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para investigar el origen de los fondos de la presunta compradora, Jenny Ramírez, quien habría denunciado públicamente la suplantación de su identidad, versión que aún no se formaliza ante la Fiscalía. Dedé también anunció que presentará próximamente una denuncia ante la Fiscalía centrada en el avalúo del predio y en las responsabilidades legales del alcalde Francisco Tamariz.
El ambiente en el municipio refleja tensión y silencio. Los pasillos lucen vacíos y varios concejales ausentes, entre ellos Cindy Suárez, Michelle Marcillo y Luis Menoscal, han justificado su ausencia por permisos, vacaciones o medio tiempo. Por su parte, el alcalde Tamariz no se ha pronunciado públicamente sobre las denuncias ni sobre las nuevas revelaciones del caso.
Marino Carriel, concejal que se ausentó durante la sesión de aprobación, criticó la falta de información técnica y de inspección en el terreno, señalando que sus solicitudes de revisión del proyecto nunca fueron atendidas. La situación ha puesto en evidencia la falta de claridad y coordinación en la administración municipal, mientras la ciudadanía y los concejales opositores exigen transparencia y rendición de cuentas.
La sesión ordinaria del Concejo Cantonal prevista para el 9 de enero podría incluir puntos adicionales en el orden del día, lo que permitiría reabrir la discusión sobre la venta de las 93 hectáreas, como ocurrió en diciembre de 2025. El caso evidencia tensiones internas, posibles presiones sobre concejales críticos y la necesidad de mayor fiscalización en la gestión de recursos públicos estratégicos en La Libertad.