Babahoyo.- La operación Jauría, ejecutada el 12 de diciembre de 2025 en Los Ríos, destapó una red de delincuencia organizada liderada por alias ‘Cholo’, donde sorprendentemente una funcionaria de la Fiscalía General del Estado habría actuado como asesora jurídica de la banda. Se trata de Jessenia Rosa V. J., conocida como ‘Jessy’ o ‘Linda’, quien presuntamente brindaba soporte legal al líder de Los Lobos para evadir la justicia mientras la organización extorsionaba empresas y traficaba drogas y armas en Babahoyo.
La investigación comenzó tras un violento incidente ocurrido en junio de 2024, cuando cinco individuos armados ingresaron a la Agencia Metropolitana de Tránsito de Babahoyo, intimidaron a los agentes y se retiraron sin ser detenidos. Posteriormente, se identificaron a los cabecillas de la banda, incluyendo a ‘Cholo’, ‘Colada’ y ‘Jairón’, quienes utilizaban llamadas, mensajes de WhatsApp y domicilios como bodegas para coordinar extorsiones, venta de drogas y almacenamiento de armas.
Entre los hallazgos clave de la investigación destacan audios y comunicaciones que vinculaban directamente a ‘Jessy’ con el líder de Los Lobos, orientándolo legalmente para que los integrantes de la banda evitaran ser procesados y maniobraran dentro del sistema judicial. Las transcripciones indican además que interactuaba con personas privadas de libertad y funcionarios públicos, influyendo en procesos judiciales a favor de los criminales.
Jessenia Rosa V. J., abogada titulada en Uniandes en 2017 y con una maestría en derecho procesal penal obtenida en 2024, ingresó a la Fiscalía en 2018 como asistente con un sueldo de USD 1.212. Su patrimonio experimentó cambios importantes: de USD 734 en 2018 pasó a poseer dos motocicletas y un menaje de casa valorado en USD 5.000, mientras sus deudas con tarjetas de crédito ascendieron a USD 17.000, generando un patrimonio negativo de más de USD 14.000.
Tras su captura en el operativo, el coronel de Policía William Calle aseguró que ‘Jessy’ “era una funcionaria que fungía de asesora de los delincuentes, en el momento que caía alguien de la banda les decía lo que había que hacer en el tema legal”. La audiencia de formulación de cargos culminó con la orden de prisión preventiva para Villafuerte y los otros seis procesados. La asistente fiscal fue enviada a la Cárcel de Santo Domingo mientras continúa la investigación por delincuencia organizada.
