Guayaquil.- El proceso por delincuencia organizada contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, el israelí Sheiman Oren y el agente de tránsito Leandro Berrones cumple 5 años sin sentencia, marcado por trabas, diferimientos y suspensiones.
En abril de 2025, luego de más de 10 aplazamientos, finalmente se instaló la audiencia de juicio. Sin embargo, en los últimos 7 meses, la diligencia solo se ha desarrollado 13 días y nuevamente quedó suspendida de forma indefinida.La fiscal del caso, Libia Sarabia, sostiene que existen peritos y testigos que confirman que los procesados integraron una estructura delictiva que, entre marzo y agosto de 2020, en plena pandemia, comercializó ilegalmente más de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos médicos, utilizando bienes y funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
En 2021, dos exagentes aceptaron su participación y fueron condenados a cinco años de prisión.Según la acusación, Sheinman Oren vendió los insumos a Jacobo Bucaram sin documentos, sin obligaciones tributarias y con una credencial falsa de la DEA. Además, se habría realizado una transacción no registrada en el sistema financiero ni en el SRI. Los insumos, presuntamente con sobreprecio, fueron almacenados en el domicilio de Abdalá Bucaram.
La Fiscalía también afirma que los Bucaram habrían presionado e intimidado a Shy Dahan, otro de los implicados, para que cambie su versión. Dahan fue asesinado en prisión meses después.Este es solo un lado de la historia. Los argumentos de los procesados serán expuestos cuando la audiencia se reinstale.