Quito.-El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene en marcha el concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado, que podría terminar en abril de 2026.
Sin embargo, el referendo de noviembre de 2025 podría anular el proceso si los ecuatorianos aprueban que la elección de autoridades pase a la Asamblea Nacional o si se convoca una Asamblea Constituyente que elimine al CPCCS.
Una designación en espera
La elección del nuevo Fiscal General del Estado (FGE) debía estar lista para abril de 2025. A inicios de ese mes culminó el período para el que había sido designada Diana Salazar, quien se prorrogó un mes más hasta que renunció y fue nombrada embajadora en Argentina por el presidente Daniel Noboa.
A mediados de mayo, la titularidad del Ministerio Público la asumió Wilson Toainga, su subrogante durante seis años.
Y a inicios de octubre de 2025, el Consejo de la Judicatura (CJ) designó a Carlos Alarcón como subrogante de Toainga, quien ya se principalizó entre el 5 y el 10 de octubre por un viaje de Toainga a Brasil.
Seis meses después del plazo inicial, el CPCCS aún no logra nombrar al nuevo Fiscal General y no hay indicios de que ocurra pronto.
Demoras acumuladas
El CPCCS lleva más de un año en el proceso de designación. En septiembre de 2024, el Pleno del organismo —entonces con mayoría correísta— aprobó el reglamento del concurso.
Ese documento recibió críticas de gremios y sectores sociales, y tras la destitución de los vocales correístas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el reglamento fue revisado y finalmente aprobado en junio de 2025.
En agosto, comenzó la selección de los cinco comisionados ciudadanos, con 42 postulantes. Según el cronograma, el proceso concluirá a finales de octubre y, una vez conformada la comisión, la designación tomará unos seis meses.
Por tanto, el nuevo Fiscal General se designaría en abril de 2026, con un año de retraso.
El referendo y la Constituyente
Pese a las proyecciones, dos factores políticos podrían retrasar aún más la designación:
El referendo de noviembre de 2025, que podría quitar al CPCCS la facultad de designar autoridades.
La posible instalación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.
Por ahora, la Corte Constitucional (CC) ha validado solo dos preguntas del referendo propuesto por el presidente Daniel Noboa, sin incluir la relacionada con la designación de autoridades.
Si la pregunta se incluye y gana el Sí, todos los concursos organizados por el CPCCS se cancelarán, y la Asamblea Nacional asumirá las designaciones.
Si además se aprueba la Constituyente, el país entraría en un proceso que podría extenderse hasta 2027, lo que dejaría en suspenso la elección del nuevo Fiscal.
Otros procesos en pausa
El concurso para el Ministerio Público no es el único pendiente. Actualmente, el CPCCS tiene cuatro procesos de designación de autoridades en trámite, la mayoría en etapas iniciales.
Por tanto, ninguno tiene garantía de concretarse antes de que se defina el futuro del organismo.
Colaboración: Xavier Macias