Guayaquil.- El Dr. en Derecho Ambiental y Constitucional, Leonel Fuentes, miembro del colectivo Yasunidos, en entrevista con CRE Satelital, manifestó que el estado esta obligado a actuar apenas los resultados de la consulta popular estén publicados en el registro oficial, pero que el gobierno que inicia su labor en noviembre es en quien más recaerá la responsabilidad de implementar los resultados de la consulta.
Al ser cuestionado sobre el triunfo del No en las provincias directamente afectadas como son Napo y Orellana, el Dr. Fuentes, indicó que hubo dos factores que influyeron en ello: «Primero, que la consulta se desarrolló junto con las elecciones, por lo tanto hubo influencia política, el correísmo se pronunció por el No, y en las provincias donde ganó el No, son correistas; y segundo, también hubo extorsión democrática por parte de los representantes de las petroleras, es decir condicionaban su derecho al trabajo con el voto por el no».
Fuentes, hizo una retrospectiva de lo sucedido en el Ecuador con la explotación petrolera: «Luego de más de 50 años de explotación petrolera, la mayoría de la población no tiene acceso a todos los servicios básicos, existe un alto índice de desempleo, definitivamente no somos lo que se nos había prometido que seríamos, no nos parecemos ni a Kuwait ni a Arabia Saudita».
Técnicamente -por el petróleo- no hay un beneficio directo para Orellana, esta provincia es lo más alejado del desarrollo actual, de tal forma que el impacto económico que tiene dejar de explotar el Yasuní, tiene varias opciones para solucionarse, por ejemplo: Recuperar más de $6000 millones que no se han cobrado de impuestos a las grandes empresas, o los $7000 millones que se han perdido por contrabando de combustibles en el norte, o los $300 millones que se pierden por contrabando de los cigarrillos chinos, finalizó el representante de Yasunidos.