Quito.- El Gobierno del Presidente Daniel Noboa Azin está decidido a combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, así como garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y proteger la biodiversidad marina. Por esta razón, desde noviembre de 2023 hasta el pasado marzo se han efectuado 36.343 operativos de control pesquero.
Los operativos se han realizado en las zonas costera, marítima y fluvial, así como en ejes viales y puntos de control terrestre, centros de acopio, procesamiento y comercialización. Han permitido verificar la trazabilidad del recurso, la legalidad de captura y comercialización, el cumplimiento de vedas y tallas mínimas, los permisos vigentes, además del uso de artes de pesca autorizadas.
Durante los controles se detectó el incumplimiento de vedas, la captura de especies de baja talla o protegidas, la falta de permisos, el uso de artes prohibidas, así como el transporte de recursos pesqueros sin las correspondientes guías de movilización.
La gestión registra 11.460 operativos en 2023; 11.292 en 2024; 11.094 en 2025 y 2.497 durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un promedio superior a 1.250 controles mensuales en el período evaluado.
Las acciones se concentraron en provincias como Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, donde se ubican puertos pesqueros, caletas y desembarcaderos artesanales e industriales. También se intervinieron mercados y centros de distribución en ciudades como Guayaquil, Manta, Machala y Quito.
Como resultado de los operativos, se realizaron retenciones de artes no autorizadas, decomisos de productos hidrobiológicos de origen ilegal, inmovilizaciones y solicitudes de inicio de procesos administrativos sancionatorios, conforme a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca (LODAP) y su Reglamento General.
Estas intervenciones se ejecutan de manera articulada con entidades como la Armada del Ecuador, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, agentes civiles de tránsito y otras instituciones competentes.
El control pesquero genera beneficios económicos, ambientales y de seguridad alimentaria. Contribuye al ordenamiento de la actividad, promueve condiciones justas para quienes cumplen la normativa, protege los ecosistemas marinos y garantiza que los productos que llegan a los consumidores sean legales, trazables y aptos para el consumo.
Con estas acciones, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con la sostenibilidad pesquera, la lucha contra la ilegalidad y la protección de una actividad estratégica para la economía y alimentación del Ecuador.