Quito.- El Superintendente de Competencia Económica Hans W. Ehmig Dillon emitió la Resolución No. SCE-DS-2025-12, en la cual se reforma el Código de Ética de la institución para incluir principios y responsabilidades relacionados con el uso de la Inteligencia Artificial (IA).
A partir de ahora, las y los servidoras/es de la SCE podrán integrar herramientas de IA en sus actividades administrativas, siempre de manera complementaria, con el objetivo de optimizar la gestión institucional y cumplir con las atribuciones y objetivos establecidos en la Ley de manera efectiva.
La resolución destaca que al integrar las herramientas de IA en la gestión institucional se deberá cumplir con los principios fundamentales de transparencia, rendición de cuentas, inclusión, equidad e imparcialidad. Se debe priorizar la seguridad, confidencialidad y reserva de la información.
Las y los servidores públicos de la SCE son responsables de la integración de las herramientas de IA en sus actividades laborales, promoviendo la eficiencia, garantizando la trazabilidad de decisiones y asegurando que se mantenga el control humano sobre todas las acciones automatizadas.
Toda actividad administrativa vinculada a la implementación y uso de la IA en la SCE será de carácter confidencial y reservado, asegurando tanto el resguardo de la información como el cumplimiento de los principios de transparencia y ética. Así mismo, se evitará el acceso no autorizado, filtraciones o usos indebidos de la información procesada por la “IA”.
En lo referente a las limitaciones, queda prohibido en la SCE, el uso de herramientas de IA en procesos cuyo impacto pueda vulnerar derechos fundamentales, afectar la seguridad de las personas, de algún operador económico o generar consecuencias irreversibles, como en la toma de decisiones sin supervisión humana y uso indebido de información o datos confidenciales.
La resolución entrará en vigencia inmediatamente, y su implementación marcará un paso importante en el uso responsable y ético de las nuevas tecnologías dentro de la administración pública del Ecuador.