Caracas.- Con la emisión del dictamen emitido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declarando ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio a Nicolás Maduro, aunque sin aportar pruebas, un fallo que la oposición consideró «nulo», pero que pareció fortalecer al Gobierno que anunció consecuencias penales para sus detractores.
El TSJ -la corte superior de la nación- ratificó en el fallo su competencia sobre las elecciones y señaló que la decisión se basa en los resultados de la valoración del material electoral entregado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que «la valoración determinó una plena coincidencia con el acta del escrutinio».
Por tanto, las acusaciones de fraude de la oposición fueron rechazadas, afirmó el TSJ, que no aportó ningún tipo de pruebas.
El tribunal -compuesto por aliados de Maduro- no compartió ningún recuento para respaldar su afirmación, a pesar de las exigencias de miles de venezolanos que han protestado en las calles, así como de muchos miembros de la comunidad internacional, que piden que el gobierno presente pruebas de su victoria, incluso aliados como el Gobierno de Brasil, de Chile o de Colombia.
Los analistas sostienen que ahora Maduro es probable que utilice la decisión para argumentar que no debe entablar negociaciones con Estados Unidos, Colombia y Brasil, países que han intentado convencer a su gobierno de que publique pruebas de su victoria, reconozca el verdadero resultado de la votación y acepte una transición de poder o, en el peor de los casos, llame a nuevas elecciones.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, Caryslia Rodríguez -exfuncionaria del chavismo-, leyó la sentencia que «certifica de forma inobjetable el material electoral peritado» y convalidó los resultados de la elección presidencial del 28 de julio pasado anunciados por el CNE.
Según la autoridad electoral, Maduro resultó electo como presidente de la Venezuela para el período 2025-2031 con el 52% de los votos. Cifras que la oposición niega y asegura que el vencedor fue Edmundo González Urrutia.
Justamente, González Urrutia calificó de «nula» la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo y recordó que el artículo 5 de la Constitución establece que la «soberanía reside intransferiblemente en el pueblo».
Enrique Márquez, otro ex candidato presidencial, también manifestó su rechazo a la decisión de la máxima corte del país: «Venezuela sabe lo que pasó el 28 de julio. Los electores saben lo que pasó. Los testigos saben lo que pasó. El Plan República sabe lo que pasó. El CNE sabe lo que pasó. El TSJ sabe lo que pasó. El mundo sabe lo que pasó».
Márquez, quien asegura que sus actas coinciden con las publicadas por la oposición democrática, recusó el martes a la magistrada Rodríguez por su vinculación política con el Partido Socialista Unido de Venezuela, organización que postuló a Maduro. «Consideramos que ella está incursa en causales suficientes de vinculación política y de falta de imparcialidad como para ser recusada», dijo en ese momento.
Pero el chavismo redobló la apuesta. Tras el fallo, el fiscal general Tarek William Saab anunció consecuencias penales para los líderes opositores que cuestionen su validez.
«La sentencia debe ser implementada en todas sus partes y valida el resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral», afirmó Saab. El fiscal se refirió luego a un pasaje de la sentencia que pide avanzar en la investigación sobre las responsabilidades penales de los dirigentes opositores por la publicación de documentos electorales con el objetivo de «no reconocer la autoridad legítimamente constituida que es el CNE».
Entre los delitos que se le imputan, dijo Saab, se encuentran los de «usurpación de función, delitos electorales y asociación delictuosa».
Desde que se celebraron las elecciones el 28 de julio, el gobierno de Maduro ha confirmado la detención de más de 1.500 manifestantes y ha culpado a la oposición de la muerte de 27 personas durante las protestas contra la proclamación de victoria de Maduro.
