Quito.- La Comisión de Régimen Económico recibió los aportes de la magíster Lorena Flores sobre el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, orientado a promover la participación de trabajadores, pequeños productores y proveedores de las localidades con mayores dificultades económicas y laborales.
Flores señaló que la propuesta debe establecer reglas claras y mecanismos viables para garantizar que las preferencias locales se traduzcan en oportunidades reales, sin afectar los principios de igualdad, transparencia y calidad que rigen la contratación pública.
Entre sus observaciones, planteó la necesidad de precisar si la participación local será un requisito obligatorio o un parámetro de evaluación por puntaje; delimitar los criterios para acreditar la localidad de los proveedores y evitar que estas preferencias generen monopolios o ventajas injustificadas para determinadas empresas.
Asimismo, recomendó que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) elabore y actualice información sobre las localidades que requieren este tipo de acciones afirmativas, incluida la disponibilidad de profesionales, proveedores y servicios. Esto permitiría que las entidades contratantes cuenten con información oficial y eviten asumir cargas administrativas adicionales.
Otro aspecto que consideró fundamental es aclarar cómo se medirá la participación local y cómo se articulará el porcentaje propuesto de hasta el 60 % con los porcentajes de subcontratación preferente ya contemplados en la legislación, así como con el régimen especial amazónico.
También advirtió sobre la necesidad de establecer excepciones justificadas para contratos que requieren servicios especializados y precisar las responsabilidades de los fiscalizadores, particularmente en los contratos de obra.
Por último, sostuvo que la contratación pública puede contribuir a dinamizar las economías territoriales y generar empleo, aunque recordó que estas oportunidades suelen ser temporales y dependen de los plazos de ejecución de las obras y proyectos. Por ello, presentó recomendaciones de redacción para fortalecer la propuesta y facilitar su aplicación por parte de las instituciones públicas.
