Quito.- La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) aprobó nuevas condiciones para las operaciones con tarjetas de crédito, débito y prepago en Ecuador. La regulación incorpora medidas de seguridad, establece requisitos para nuevos partícipes del sistema auxiliar de pagos y unifica disposiciones relacionadas con la transparencia, los costos y la protección de los usuarios.
Las disposiciones, emitidas este 06 de noviembre, buscan fortalecer el funcionamiento del sistema de pagos en el país. La Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Banco Central del Ecuador (BCE) tienen un plazo de seis meses para adecuar sus regulaciones e implementar las disposiciones correspondientes.
Uno de los principales cambios es que empresas que no son entidades financieras podrán ofrecer servicios para que los negocios reciban pagos con tarjetas, siempre que cuenten con autorización del Banco Central del Ecuador (BCE). Esta actividad, conocida como adquirencia no financiera, busca ampliar las opciones de pago en los comercios y promover la participación de nuevos actores en el ecosistema de pagos. Las empresas deberán contar con un capital mínimo de USD 500.000.
La norma también establece nuevos requisitos para los agregadores de pago, empresas que ofrecen herramientas tecnológicas para facilitar los cobros con tarjetas, como plataformas de pago en línea. A diferencia de los adquirentes, estos conectan a los negocios con quienes procesan y gestionan sus pagos. Deberán contar con un capital mínimo de USD 250.000, y las empresas ya autorizadas tendrán un año para cumplir este requisito.
Además, se establece que los establecimientos comerciales, a través de los adquirentes, deberán aceptar tarjetas de diferentes emisores y marcas, lo que amplía las alternativas de pago para los consumidores. También incorpora el uso de tarjetas físicas y virtuales, y fija un plazo máximo de cinco días hábiles para que los adquirentes liquiden a los comercios los valores correspondientes a las ventas corrientes realizadas con tarjetas.
En beneficio de los consumidores, los establecimientos deberán mantener el mismo precio para las compras con tarjeta y en efectivo. Esta disposición también se aplicará a las promociones, rebajas y descuentos vigentes, por lo que los comercios no podrán establecer recargos por el uso de estos medios electrónicos de pago.
La normativa también refuerza los estándares de seguridad de las tarjetas físicas. Estas deberán emitirse sin información sensible impresa, como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad (CVV), con el propósito de reducir los riesgos asociados al uso no autorizado de estos datos. Para las compras por internet, se establecen mecanismos adicionales de verificación de identidad, sin costo para los usuarios.
La resolución unifica y fortalece disposiciones relacionadas con la protección de los usuarios. Las entidades emisoras deberán enviar notificaciones gratuitas y en tiempo real, de forma simultánea, sobre las operaciones y eventos establecidos en la norma, mediante al menos dos canales electrónicos independientes.
También deberán garantizar mecanismos inmediatos para bloquear tarjetas y mantener canales de atención disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para consultas, reclamos y reportes de pérdida o robo.
La normativa establece, además, responsabilidades para las entidades emisoras frente a determinadas operaciones fraudulentas. Entre los casos en los que corresponde reintegrar valores a los usuarios constan las transacciones realizadas después de reportar la pérdida o el robo de una tarjeta y aquellas originadas en fallas de seguridad de las entidades, conforme a las condiciones previstas en la regulación.
En cuanto a las tarjetas de crédito, se mantienen y armonizan disposiciones para transparentar los costos de los consumos corrientes y diferidos, así como las reglas de cálculo y cobro de intereses, incluida la prohibición de cobrar intereses sobre intereses.
Con estas medidas, la JPRFM moderniza y unifica las reglas para las operaciones con tarjetas de pago en Ecuador, con el objetivo de fortalecer la seguridad, la transparencia y la competencia, en beneficio de los ciudadanos y los establecimientos comerciales.
