Quito.- El Gobierno Nacional anticipó los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y dispuso que 246 municipios y prefecturas elaboraran planes de acción. Para orientar su preparación, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) emitió lineamientos técnicos para que cada gobierno local identificara los riesgos de su territorio y definiera medidas de prevención y respuesta.
La disposición del COE, emitida el 22 de mayo, estableció un plazo de 30 días para elaborar y entregar estos instrumentos. El plazo concluyó el 23 de junio: 161 GAD cumplieron oportunamente y 85 los remitieron tarde.
La entrega de los planes de acción permite contar con instrumentos de planificación, pero la preparación territorial depende de su ejecución. Frente a las emergencias actuales, resulta fundamental conocer qué acciones preventivas se realizaron, qué recursos se destinaron y qué obras se ejecutaron para reducir los riesgos identificados.
La prevención requiere inversión y mantenimiento
Una de las responsabilidades de los planes de acción de los GAD es contemplar y priorizar la revisión, limpieza y mantenimiento de alcantarillas, redes de alcantarillado y sumideros, con una inversión acorde con las necesidades de cada territorio.
Estas intervenciones eran fundamentales para reducir el riesgo de inundaciones y proteger a la población. Sin embargo, actualmente se evidencia que estas acciones no se han ejecutado. La presentación de un plan debe traducirse en obras y acciones verificables. Cuando estas tareas siguen pendientes o la inversión resulta insuficiente, es urgente que los gobiernos locales refuercen las medidas de prevención y cumplan con sus responsabilidades.
Las inversiones preventivas en alcantarillado y drenaje, el mantenimiento y la limpieza de canales, así como la iluminación de puntos críticos, deben formar parte de las prioridades territoriales, de acuerdo con los riesgos identificados y en el marco de las competencias de cada GAD. Su planificación, financiamiento y ejecución requieren seguimiento y resultados verificables.
Por ello, el cumplimiento de los planes debe reflejarse en intervenciones concretas que reduzcan la exposición de la población a situaciones de riesgo. La presentación de un plan no acredita, por sí solo, que las obras se hayan ejecutado ni que los recursos previstos se hayan invertido.
