Quito.- Con una red de 41 Servicios de Protección Integral (SPI) y 17 Centros Violeta, el Gobierno del presidente Daniel Noboa, a través del Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos, mantiene servicios gratuitos de atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento social para mujeres en situación de violencia.
Entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, esta red registró 70.345 atenciones especializadas. Estos resultados se presentan con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cada 25 de noviembre, como parte de las acciones gubernamentales para facilitar el acceso a servicios de atención, protección y con la intención de que ninguna mujer enfrente sola esta situación.
Del total registrado, 59.925 atenciones corresponden al período de enero a septiembre de 2026: 37.913 fueron brindadas mediante los 41 SPI y 22.012 a través de los 17 Centros Violeta. Estos espacios ofrecen contención emocional, orientación legal y apoyo social, bajo principios de confidencialidad, derechos humanos y no revictimización.
Más servicios de protección para mujeres en el territorio
Los Centros Violeta se encuentran distribuidos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Esmeraldas,
Latacunga, Lago Agrio, Santa Elena, Huaquillas, El Coca, Zamora, Ibarra, Azogues, Babahoyo, Tulcán,
Ambato y Chambo.
Además, el Gobierno Nacional trabaja en la implementación de siete nuevos Centros Violeta en Santo
Domingo, Puyo, Sucúa, Tena, Guaranda, Galápagos y Loja, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y acercar estos servicios a más mujeres.
Más de USD 2,34 millones destinados a fortalecer los servicios de protección
El trabajo articulado con organizaciones de la sociedad civil constituye otro componente fundamental de la gestión gubernamental para atender y acompañar a mujeres que enfrentan situaciones de violencia.
Durante 2026, el Ministerio de Gobierno suscribió 21 convenios de cooperación técnico-financiera, correspondientes a cinco Casas de Acogida y 16 Centros de Atención Integral, con dos desembolsos reportados por un total de USD 2,34 millones.
Estos mecanismos de cooperación contribuyen a sostener servicios especializados de atención psicológica, acompañamiento social, asesoría y patrocinio jurídico, así como espacios de acogimiento y protección para mujeres que enfrentan situaciones de violencia y requieren apoyo institucional.
Entre enero y septiembre de 2026, las Casas de Acogida registraron 14.991 atenciones a 943 usuarias, mientras que los Centros de Atención Integral reportaron 112.892 atenciones a 17.610 usuarias. Estas cifras reflejan la importancia de la cooperación entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales para mantener servicios de atención, acompañamiento y protección, especialmente para mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Acompañamiento y protección a familiares de víctimas de femicidio
El Ministerio de Gobierno también impulsa acciones de acompañamiento y articulación institucional para la atención de familiares de mujeres víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género.
Entre enero y septiembre de 2026, se registraron 793 atenciones vinculadas con casos de femicidio, mediante mecanismos de acompañamiento y coordinación con las instituciones competentes.
Paralelamente, el Ministerio trabaja en el fortalecimiento de la implementación de la Ley Orgánica de Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio y otras Muertes Violentas por Razones de Género.
En este marco, se impulsa la formulación de la Política Pública de Reparación Transformadora e Integral 2026–2034, orientada a fortalecer los mecanismos de protección, acompañamiento y restitución de derechos de las víctimas indirectas.
En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de fortalecer la atención especializada, ampliar progresivamente la cobertura territorial y mantener el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que más mujeres puedan acceder a servicios de apoyo y protección.
