Quito.- La Comisión de Seguridad Integral avanza en el tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado Frente al Crimen Organizado, Ley Antimafias, de autoría de la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.
En esta jornada, comparecieron Guillermo Pabón, director general de la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (Fedimetal), y Mauricio Nájera, abogado especializado en gestión pública.
Pabón respaldó la inclusión del contrabando en la iniciativa y anunció que Fedimetal presentará a la mesa legislativa una propuesta de reformas para endurecer las sanciones contra las prácticas engañosas, optimizar los controles aduaneros y prevenir la evasión tributaria.
Planteó verificar la clasificación arancelaria, los valores declarados y el cumplimiento de las normas técnicas de los productos importados. Además, señaló presuntas irregularidades en las importaciones de alambrón y varillas corrugadas que podrían generar afectaciones tributarias. Recomendó, asimismo, examinar las operaciones de empresas cuyas importaciones serían desproporcionadas frente al capital con el que fueron constituidas, con el propósito de prevenir el comercio ilícito y proteger la competitividad de la industria nacional.
Por su parte, Nájera sostuvo que el combate al crimen organizado transnacional requiere herramientas institucionales eficaces, precisión jurídica y respeto a los derechos y garantías constitucionales. Advirtió que el incremento de las penas, por sí solo, no basta para enfrentar este fenómeno. En relación con el artículo 262 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se refirió a la proporcionalidad de la pena de siete a diez años prevista para la paralización del servicio de distribución de combustibles y propuso distinguir las conductas de sabotaje de aquellas vinculadas con la criminalidad organizada.
Respecto de la prisión preventiva, enfatizó que su aplicación debe ajustarse a las garantías constitucionales y a los estándares internacionales de derechos humanos. También recomendó precisar las figuras de pertenencia funcional y colaboración contempladas en el artículo 369 del COIP, para evitar interpretaciones ambiguas que involucren injustificadamente a ciudadanos, profesionales y operadores económicos en actividades legítimas.
Finalmente, propuso fortalecer la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y las investigaciones patrimoniales, con el objetivo de identificar y afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
Reformas a la normativa de las Fuerzas Armadas
En otro punto, la delegada del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, Daysi Terán, informó que el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas es financieramente viable, ya que puede ejecutarse con cargo al presupuesto asignado al Ministerio de Defensa. Además, sugirió actualizar en el articulado la denominación del Ministerio de Economía y Finanzas, debido a la fusión institucional, y revisar con las entidades involucradas los mecanismos de coordinación previstos en la disposición transitoria única.
La Comisión continuará el análisis de las iniciativas y la recepción de observaciones e insumos técnicos para fortalecer las propuestas normativas.
