Quito.- El Pleno de la Asamblea Nacional, con 83 votos, aprobó el informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de autoridades seccionales, elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.
Cristian Benavides, presidente de la comisión y ponente del informe, explicó que el proceso se inició a partir de una publicación periodística sobre posibles incrementos injustificados en los patrimonios de algunos alcaldes y prefectos, hecho que generó preocupación en el país. “Hemos realizado un trabajo responsable y en defensa del derecho a la presunción de inocencia de los sujetos investigados”, manifestó.
El legislador señaló que se aplicó una metodología basada en la información remitida por 46 entidades consultadas, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Los datos recopilados permitieron establecer un sistema de alertas mediante un semáforo, con niveles de riesgo identificados en rojo, naranja y verde. Asimismo, indicó que, para evitar posibles direccionamientos, el informe no individualiza a los funcionarios públicos involucrados.
Según los resultados expuestos, la aplicación del Modelo del Semáforo Integral de Alertas determinó que el 37,85 % del universo analizado, equivalente a 95 expedientes, presenta niveles de riesgo prioritario: 41 se encuentran en alerta roja y 54 en alerta naranja.
De acuerdo con el informe, estos casos presentan variaciones patrimoniales que podrían exceder la capacidad salarial de los servidores públicos, investigaciones penales o incumplimientos de obligaciones tributarias. En tanto, el 62,15 % restante, correspondiente a 156 expedientes, comprende 90 casos en alerta verde, sujetos a seguimiento preventivo, y 66 en la categoría “Sin Alerta o Sujetos a Comprobación de Registros”.
Entre las recomendaciones aprobadas consta remitir los expedientes a la Fiscalía, para que evalúe las investigaciones pertinentes; a la UAFE, para el análisis de inteligencia financiera y rastreo de activos; y a la Contraloría para que considere la realización de exámenes especiales en los casos clasificados en alerta roja y naranja. Además, se recomienda al SRI efectuar verificaciones patrimoniales y revisar posibles casos de nepotismo, en coordinación con el Ministerio del Trabajo.
Las entidades mencionadas deberán informar a la Asamblea Nacional, en un plazo de 15 días, sobre el inicio y avance de las investigaciones o procedimientos relacionados con esta materia.
