Quito.- La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, en el tratamiento del Proyecto de Ley de Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial, recibió a Susana Hidvegi, especiaista en derecho financiero; Alik Pinos, especialista litigante; y Rodrigo San Lucas, especialista en derecho corporativo, quienes coincidieron en la importancia de contar con mecanismos oportunos para prevenir crisis, proteger empresas viables y ordenar los procesos de insolvencia.
Hidvegi destacó que la propuesta llega en un momento oportuno, especialmente ante posibles impactos de fenómenos climáticos sobre el sector productivo y sus efectos sobre el sistema financiero. Señaló que un régimen concursal debe anticiparse a las crisis y permitir preservar empresas, empleos y cadenas productivas, al tiempo que genera mayor seguridad para bancos, proveedores e inversionistas.
Resaltó además que el proyecto incorpora estándares internacionales y herramientas para distintos tipos de empresas, incluidas pequeñas y medianas compañías, grupos empresariales e insolvencias transfronterizas. Consideró que Ecuador tiene una oportunidad para fortalecer su marco de insolvencia y mejorar las condiciones que inciden en el acceso al crédito y la inversión, aunque consideró la necesidad de revisar algunos aspectos técnicos del articulado.
Por su parte, Pinos valoró la estructura de la iniciativa que recoge experiencias previas de la legislación ecuatoriana y referentes internacionales. Como principal observación, planteó la necesidad de fortalecer a la Superintendencia de Compañías, mediante recursos y personal especializado, para evitar que la nueva normativa genere mayores cargas sobre una institución que ya enfrenta una alta demanda de trámites y procedimientos.
También propuso analizar una mayor participación de los centros de mediación en los procedimientos preconcursales. A su criterio, estos mecanismos podrían facilitar la negociación directa entre deudores y acreedores, reducir costos y tiempos, y disminuir la presión sobre el sistema judicial, manteniendo la posibilidad de control judicial en los casos previstos por la ley.
Para concluir, San Lucas explicó que el derecho concursal constituye una herramienta de política económica porque permite preservar el valor de empresas viables, proteger fuentes de empleo y cadenas de suministro y, cuando corresponda, realizar liquidaciones ordenadas. Destacó que el proyecto contempla diversas alternativas, como procesos concursales y preconcursales, mecanismos extraprocesales y subastas electrónicas, adaptadas a diferentes tamaños y situaciones empresariales.
En este sentido, presentó observaciones específicas al articulado, relacionadas con las funciones de los administradores concursales, la prelación de créditos, las garantías, los créditos laborales y tributarios, las subastas y los efectos de la homologación de acuerdos. Coincidió en la necesidad de dotar de mayores recursos a la Superintendencia de Compañías y advirtió que los mecanismos de oposición y homologación deben evitar efectos que puedan retrasar innecesariamente la solución de los procesos.
