Quito.- El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en primer debate y con 88 votos, el archivo del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de Inteligencia Artificial en Ecuador, con base en el informe elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.
La moción fue presentada por la presidenta de la Comisión, Cecilia Baltazar, quien explicó que, luego de varias mesas técnicas y del análisis con expertos nacionales e internacionales, se identificaron falencias en la propuesta. Señaló que esta no garantiza adecuadamente la protección de derechos, podría limitar el desarrollo tecnológico y plantea disposiciones que generarían gasto público sin observar las competencias constitucionales. “Una legislación debe estar para garantizar los derechos individuales de los ciudadanos ecuatorianos, permitir el desarrollo tecnológico y respetar los estándares internacionales”, aseguró.
El informe sostiene que la iniciativa, en su versión actual, presenta dificultades relacionadas con su implementación institucional, el marco jurídico vigente y el impacto que podría generar en el ecosistema digital del país. Advierte que varias disposiciones implicarían nuevas obligaciones institucionales, requerimientos de personal especializado, infraestructura tecnológica, sistemas de información, capacitación y mecanismos de fiscalización, lo que supondría un incremento del gasto público.
Uno de los principales argumentos se relaciona con las nuevas atribuciones previstas para el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP), que requerirían recursos adicionales.
El documento también advierte sobre el riesgo de establecer una regulación rígida para una tecnología que evoluciona de manera constante y acelerada. Una normativa de estas características podría quedar desactualizada en el corto plazo, crear barreras para la innovación, aumentar las cargas regulatorias para emprendimientos y MIPYMES y desincentivar la inversión tecnológica. Además, identifica que parte de los aspectos abordados ya cuenta con regulación en normas como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual.
La Comisión concluye que la iniciativa no incorpora de manera suficiente instrumentos de gobernanza adaptativos, como lineamientos nacionales, normas técnicas, reglamentos sectoriales, códigos de conducta, estándares de transparencia y evaluaciones de impacto para sistemas de alto riesgo. Asimismo, considera necesario fortalecer previamente la estrategia nacional para el desarrollo y uso ético y responsable de la inteligencia artificial.
Baltazar aseguró que el archivo no supone dejar de lado la inteligencia artificial, sino reconocer la necesidad de construir previamente condiciones institucionales, técnicas y jurídicas que permitan contar con un marco regulatorio actualizado y acorde con la evolución de esta tecnología.
