Quito.- El proyecto de reforma, construido con sustento técnico de la Agencia Nacional de Tránsito durante más de un año, plantea nuevas reglas para fotorradares, crear la tercera placa y mejorar el control a nivel nacional.
El 3 de septiembre de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate con 87 votos afirmativos, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La aprobación es resultado de un proceso de trabajo técnico sostenido durante más de un año, impulsado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) mediante mesas de trabajo, análisis especializados y coordinación con la Asamblea Nacional y los actores del sistema de tránsito y transporte.
Esta reforma parte de una prioridad: la seguridad vial como un problema de Estado. En 2024, Ecuador registró 2.302 fallecidos y 18.312 lesionados por siniestros de tránsito, con un costo socioeconómico estimado en USD 5.480 millones anuales. Frente a esta realidad, la propuesta incorpora medidas para fortalecer el control vehicular, la formación de conductores, la protección de usuarios vulnerables y la prevención de siniestros.
Entre los principales cambios a la Ley se plantean los siguientes:
Nuevas reglas para fotorradares: Se prohíbe expresamente que los contratistas privados que operen dispositivos tecnológicos de control reciban porcentajes o incentivos económicos relacionados con la recaudación de multas. De esta forma, los fotorradares recuperan su carácter preventivo. Además, los puntos de control deberán estar señalizados al menos 500 metros antes.
Protección ciudadana: Se refuerzan los controles sobre las condiciones mecánicas de los vehículos, así como la exigencia de sistemas de retención infantil (sillas de auto), las auditorías de seguridad vial y la protección prioritaria a peatones y ciclistas.
Anulación de multas sin competencia: La CTE tendrá un plazo de 90 días las contravenciones y réplicas registradas por convenios con GAD tipo B no facultados para el control operativo. Esta depuración histórica en la Base Única Nacional garantiza el derecho de la ciudadanía a realizar sus trámites con total normalidad.
Tercera Placa: Creación de un dispositivo electrónico de identificación vehicular, conocido como tercera placa, que permitirá mejorar la identificación de los vehículos, fortalecer los controles y facilitar la interoperabilidad de la información a escala nacional.
Revisión Técnica Vehicular (RTV): La revisión aprobada en cualquier centro del país será válida a nivel nacional. De esta forma, los GAD no podrán imponer multas o cobros retroactivos únicamente porque la revisión no se realizó dentro de su propia jurisdicción.
Mayor supervisión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): Se fortalecerá el control sobre la gestión de tránsito de los GAD municipales, lo que permitirá a la ANT supervisar el cumplimiento de la normativa y adoptar medidas frente a posibles irregularidades, garantizando una gestión bajo criterios técnicos comunes en todo el país.
Regulación de delivery y nuevas modalidades: Se establecerá normativa para identificar y ordenar la actividad de entrega de bienes a domicilio.
Regulación de motocicletas, tricimotos y nuevas modalidades eléctricas: La reforma dispone la creación de parámetros técnicos para la identificación y el uso seguro de estos vehículos en el sistema vial. Además, la ley prioriza al peatón y establece restricciones para que estos vehículos no circulen por autopistas, vías perimetrales ni en la Red Vial Estatal.
Delegación de servicios: Para optimizar la atención a la ciudadanía, y cuando lo considere necesario, la ANT podrá delegar la emisión de licencias de conducir al Registro Civil.
Registro Nacional Integral: Se desarrollará una plataforma única que integrará la información sobre títulos habilitantes, registros y actos administrativos emitidos tanto por la ANT como por los municipios.
Tarifas y rutas con sustento técnico: La fijación de pasajes, rutas y frecuencias se realizará mediante metodologías y estudios que determinen las necesidades reales de transporte. Además, las tarifas deberán considerar los costos de operación, la sostenibilidad y la continuidad del servicio, garantizando así mayor transparencia y seguridad jurídica al sector.
Modernización e interoperabilidad de peajes: Se implementará un Sistema Nacional Unificado de Recaudación y Gestión de Peajes que permitirá a los diferentes sistemas del país operar de manera conectada. Esto facilitará la movilidad ciudadana, garantizando que cada administrador vial mantenga el control sobre sus respectivos ingresos. Conforme al procedimiento legal, esta reforma a la ley será remitida a la Presidencia de la República para su respectiva sanción u objeción. Una vez promulgada y publicada en el Registro Oficial, la ANT activará la coordinación necesaria para cumplir con estas nuevas disposiciones y consolidar un sistema de movilidad más moderno, ordenado y eficiente.
