Quito.- La Contraloría General del Estado (CGE) analizó los resultados de las auditorías gubernamentales, aprobadas entre 2016 y 2023, para establecer las irregularidades recurrentes en los contratos para la detección, registro, notificación y sanción de infracciones de tránsito a través de la implementación de dispositivos tecnológicos.
En los informes que se tomaron como muestra para la elaboración del reporte de control público constan las conclusiones de los exámenes a los procesos llevados a cabo, desde 2013 hasta 2022, por los municipios de Cuenca, Esmeraldas, Loja, Santa Elena y Ambato.
El estudio arrojó como resultado que la inobservancia de los términos contractuales, las falencias en la gestión de cobro de multas y la ausencia de estudios técnicos, económicos y legales fueron los problemas frecuentes en la delegación del servicio público a consorcios privados.
En ocho informes de auditoría, el 42 % de los hallazgos se refieren a incumplimientos de los compromisos contractuales por parte de las empresas concesionarias. Entre otros aspectos, durante las acciones de control se advirtió la inobservancia de las especificaciones que garantizaban el buen funcionamiento de los sistemas y equipos para la detección de infracciones.
Por ejemplo, en Ambato se identificaron 389 infracciones por exceso de velocidad que fueron rechazadas debido a errores de digitación, boletas sin coordenadas, imprecisiones en la digitación de números de placa. Además, no se notificaron las infracciones a los nuevos propietarios de vehículos que fueron vendidos, como dispone el Manual de Requisitos para la Emisión de Títulos Habilitantes de Tránsito.
En ese cantón, el consorcio inició la operación de un fotosensor sin contar con autorización ni derecho de uso de vía. Sin embargo, el dispositivo captó, confirmó y registró excesos de velocidad en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito que posteriormente fueron notificados a los infractores. Por esta anomalía no se sancionó al concesionario con la multa de USD 100 mil establecida en el contrato.
En el caso de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP), en los expedientes no constó documentación que evidencie que el contratista realizó la inversión inicial ofertada, por USD 2.6 millones. Tampoco invirtió el 5.1 % de los ingresos percibidos en 2019, en campañas de educación vial.
El concesionario tampoco demostró las inversiones en dispositivos de detección, paneles de aviso, instalación de oficinas, computadoras, cámaras de seguridad, software de control y auto cobro, obras civiles, entre otros rubros requeridos para la prestación del servicio.
El aliado estratégico no implementó el mínimo de diez dispositivos tecnológicos para el control de tránsito, en el plazo de 360 días señalado en el contrato; no sustentó técnicamente las razones por las que no instaló todos los fotorradares y no justificó el cambio de ubicación de algunos equipos, lo que produjo que no se controle el tránsito en los puntos que carecieron de los dispositivos.
www.contraloria.gob.ec @ContraloriaECU Contraloria General del Estado Ecuador Entre 2019 y 2020, el consorcio contratado por la EMOV no recuperó cartera vencida por USD 5.1 millones. De acuerdo a la oferta presentada, el consorcio se comprometió a empezar la gestión a los
61 días de vencimiento del plazo para el pago de la multa. No obstante, transcurrieron hasta 366 días sin que cumpla esta obligación.
En el Municipio de Loja, el concesionario contratado en 2015 demoró entre nueve y 637 días para registrar 3.505 infracciones, aunque el contrato estableció un plazo de 5 días para realizar el procedimiento, ocasionando que no se cobren multas por USD 162.500. Aunque las multas excedieron el 20 % de los ingresos brutos anuales, no se declaró la caducidad del contrato.
El 18 % de los hallazgos de auditoría que constan en la muestra de informes analizados dan cuenta de falencias en la gestión de cobranza de las multas, lo que originó que los gobiernos autónomos no cuenten recursos suficientes para programas de educación sobre seguridad vial y otras actividades que favorezcan a la comunidad.
Sobre esta irregularidad, en Loja no se adjuntaron a las citaciones las fotografías del momento de la infracción, por lo que los conductores no conocieron la velocidad a la que circulaban. Además, se multaron excesos de velocidad fuera de la red vial de competencia del cabildo.
Ante las violaciones de la normativa y el debido proceso, los jueces competentes emitieron sentencias absolutorias que dieron de baja títulos de crédito y dispusieron al gobierno autónomo descentralizado la devolución de USD 1.6 millones que se cobraron por multas.
Dentro de esta falencia recurrente se observó que en Cuenca se emitieron 14.782 citaciones, que se fundamentaron en un numeral del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que no tenía relación con la infracción que se cometió, lo que invalidó las multas En cambio, entre 2020 y 2021, los funcionarios del municipio de Esmeraldas no elaboraron, registraron e ingresaron al sistema informes diarios de sanciones que sumaron USD 174.000, imposibilitando el cobro de las penalidades a los infractores.
El análisis de los informes de auditoría también arrojó que no se elaboraron estudios legales, técnicos, operativos y económicos que sustenten la decisión de concesionar la detección, registro, notificación y sanción de infracciones de tránsito. Tampoco se justificaron los montos de inversión, plazos y los porcentajes de participación de las alianzas estratégicas.
La Contraloría determinó que los concejos municipales de Ambato y Loja no conocieron los estudios de prefactibilidad y factibilidad que demuestren la conveniencia de concesionar el servicio, ni los informes sobre la falta de capacidad técnica y económica de los cabildos para gestionar directamente el servicio de control de tránsito.
Además, durante los exámenes realizados a la Empresa de Movilidad de Cuenca se estableció que los horarios para el funcionamiento de los fotosensores no se fijaron a partir de criterios técnicos y estadísticos, no se consideraron ‘horas pico’, siniestralidad y riesgos.