Quito.- La Contraloría General del Estado (CGE), mediante resolución de 21 de mayo de 2026, ratificó responsabilidades civiles por USD 11.658.502,43, contra 68 servidores de 13 hospitales que forman parte del Ministerio de Salud Pública (MSP). Esta determinación se sustentó en un examen especial realizado por el organismo de control en 2023, que analizó varios contratos relacionados con las adquisiciones de dispositivos médicos y medicamentos para personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.
El período auditado comprendió entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022. Los hallazgos establecidos en el informe No. DNA7-SySS-0078-2023, aprobado en diciembre de 2023, destacan diferencias en las cantidades de medicamentos recibidos por los pacientes y los existentes en las bodegas general y de farmacia de los hospitales del MSP, debido a que no se mantuvo un control riguroso de los ingresos y egresos en las mencionadas bodegas, sin verificar la distribución, destino y uso de fármacos, que ascendería a más de USD 11 millones.
Por estos hallazgos y luego de cumplirse con el debido proceso en las áreas de juzgamiento de la CGE, ratificó las responsabilidades civiles para los servidores públicos de los hospitales: Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Pediátrico Francisco Icaza Bustamante, Gilbert Pontón, General Isidro Ayora, Vicente Corral Moscoso, General Alfredo Noboa Montenegro, General Rodríguez Zambrano, General Napoleón Dávila Córdova, General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano, General Docente de Ambato, General San Vicente de Paúl y General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha.
El informe de auditoría también precisa que se adquirieron 100 unidades de Rituximab líquido parental por emergencia sin cumplir con las causales legales. De igual manera el medicamento Trastuzumab, destinado a pacientes con cáncer de mama, fue entregado fuera del plazo contractual, poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos.
Asimismo, no se verificó que los bienes cumplieran con las especificaciones técnicas en su recepción, lo que impidió el cobro de multas y permitió el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados. Esto afectó el acceso de pacientes con VIH a pruebas de hepatitis B y provocó el desabastecimiento de medicamentos esenciales para pacientes con hemofilia.
Tras la terminación unilateral de uno de los contratos, no se registró al proveedor como contratista incumplido ante el SERCOP, no se ejecutaron garantías de fiel cumplimiento ni se presentó la denuncia ante la Fiscalía por medicamentos adulterados.
La nueva Contraloría reafirma su compromiso institucional de velar por el correcto uso de los recursos públicos en beneficio de todos los ecuatorianos.