Quito.- La Contraloría General del Estado (CGE) aprobó el informe DNA4-SEyEP-0025-2026, que corresponde al examen especial que analizó el proceso para la suscripción y cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Acta de Finiquito del contrato No. 2007078 para el suministro, montaje, pruebas y puesta en marcha de sistemas de compresión de gas en las Estaciones: Norte 1 y 2, Central y Sur de PETROINDUSTRIAL en el Campo Sacha, en la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR. El periodo examinado fue entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2025.
El contrato tuvo su origen el 24 de agosto de 2007 por un monto de USD 28’623.862,33 y un plazo de ejecución de 420 días. Debido a diversos incumplimientos de la contratista como la falta de entrega oportuna de los derechos de vía, así como retrasos en la ejecución y en la entrega de bienes. Por este motivo, Petroindustrial declaró la Terminación Unilateral del contrato mediante una Resolución emitida el 4 de febrero de 2010, en la cual se dispuso efectuar la liquidación del mismo. Posteriormente, el 17 de marzo de 2010, se notificó las multas correspondientes al Consorcio, el cual interpuso acciones judiciales y constitucionales que finalmente fueron rechazadas.
El informe de auditoría determinó que, el 21 de abril de 2021, se suscribió un Acta de Finiquito sin contar con los criterios jurídicos pertinentes. En este documento se reconocieron y liquidaron intereses calculados de forma retroactiva desde el año 2010 hasta el 2021, basándose en actas de trabajo suscritas semanas antes del cierre definitivo. Esta acción se realizó sin que existiera una obligación pura, líquida o exigible, provocando un perjuicio económico al Estado de USD 9.484.382,30.
Asimismo, el equipo auditor identificó que en la liquidación final no se descontaron valores fundamentales que ya estaban en firme. En Petroecuador omitieron el cobro de multas por USD 7.874.423,62 y cuentas por cobrar que sumaban USD 1.518.084,12. La suma de estas omisiones y los pagos indebidos de intereses configuran el perjuicio económico identificado por este organismo de control.
Por estos hallazgos, la CGE predeterminó responsabilidades civiles por un USD 18.876.890,04. Adicionalmente, se han sugerido sanciones administrativas para los funcionarios responsables, con multas que ascienden a los USD 9.300, debido al incumplimiento de los procedimientos legales y financieros establecidos para la gestión en la liquidación del contrato.