Santo Domingo de los Colorados.- El Ministerio de Gobierno y el Consejo de la Judicatura suscribieron un convenio para la implementación de un nuevo Centro Violeta en Santo Domingo de los Tsáchilas, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Nacional para fortalecer la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Este acuerdo contempla la entrega y autorización de uso de un espacio ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia de la provincia, destinado al funcionamiento de esta unidad de atención especializada. “Nuestra lucha continúa.

Por ello, ampliamos la cobertura de servicios integrales para atender a mujeres víctimas de violencia y grupos de atención prioritaria. Somos un gobierno que está en el territorio resolviendo los problemas de la ciudadanía”, destacó la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

Por su parte, el director provincial del Consejo de la Judicatura, Esteban Guzmán, señaló que la institución contribuye a la lucha contra la violencia de género. “Como órgano de la Función Judicial, estamos obligados a optimizar el acceso a la justicia”, manifestó.

Asimismo, Jessica Loor, usuaria del Servicio de Protección Integral y beneficiaria de acompañamiento y atención especializada, destacó la importancia de que la provincia cuente próximamente con este nuevo espacio de atención directa y gratuita para brindar apoyo oportuno a víctimas de violencia.

Los Centros Violeta brindan atención psicológica, social y legal a mujeres víctimas de violencia mediante un modelo integral orientado a garantizar la protección, el acompañamiento y el acceso a asistencia especializada.

Actualmente, el país cuenta con 16 Centros Violeta en funcionamiento, 41 Servicios de Protección Integral y una red complementaria de Casas de Acogida y Centros de Atención Integral.

Además, durante el gobierno del presidente Daniel Noboa, se han registrado más de 164 mil atenciones dirigidas a mujeres, niñas, niños, adolescentes y grupos prioritarios a través de estos servicios.

La protección de personas en situación de vulnerabilidad forma parte de la política pública impulsada por el Gobierno Nacional, con el objetivo de garantizar sus derechos y consolidar medidas concretas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.

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