Quito.- El Ministerio de Economía y Finanzas presentó observaciones al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente, actualmente en segundo debate en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, enfatizando la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal y la coherencia presupuestaria de las nuevas disposiciones.

En representación de la Cartera de Estado, la subsecretaria de Presupuesto, Andrea Sánchez, señaló que los aportes se fundamentan en el artículo 286 de la Constitución, que establece que las finanzas públicas deben gestionarse de forma sostenible, responsable y transparente. En este marco, recordó que el Ministerio ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, velando por el equilibrio entre ingresos, gastos y financiamiento.

Entre las principales observaciones, se advirtió que las nuevas competencias asignadas a los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente en materia de educación y difusión ambiental, deberán ser cubiertas con sus propios presupuestos, conforme a la normativa vigente. Asimismo, recomendó que los componentes relacionados con educación ambiental sean articulados con el Ministerio de Educación, a fin de asegurar su viabilidad técnica y financiera.

Respecto a las disposiciones sobre capacitación docente, se enfatizó que estas deberán ser incorporadas en la planificación y proforma presupuestaria del ente rector de educación, garantizando recursos específicos para su implementación. En cuanto a la cooperación internacional, se recordó que cualquier aporte financiero debe registrarse conforme a las directrices del Ministerio de Finanzas, asegurando su correcta incorporación al Presupuesto General del Estado.

Sánchez recordó que los gobiernos autónomos descentralizados cuentan con asignaciones provenientes de ingresos permanentes, como la participación en las rentas petroleras, mientras que el financiamiento del Estado depende de ingresos tributarios, petroleros y, de manera excepcional, del endeudamiento.

La presidenta de la comisión, Camila León, solicitó que las observaciones del Ministerio sean remitidas de manera oficial, con el objetivo de garantizar que el texto final de la ley no genere impactos presupuestarios no previstos y sea plenamente aplicable.