Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrenta tres escenarios de alta tensión política y social: las demandas de inconstitucionalidad contra las reformas al Cootad, el rechazo sindical al Acuerdo Ministerial 046 sobre jornadas laborales y el segundo debate de la Ley de Minería y Energía en la Asamblea Nacional.
Las decisiones adoptadas en estas semanas han provocado reacciones de alcaldes, prefectos, organizaciones indígenas, gremios sindicales y sectores empresariales, configurando un momento clave para el Gobierno.
⛏️ 1. Ley de Minería y Energía: tensión con sectores indígenas y ambientales
La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía fue aprobada en la Comisión de Desarrollo Económico y este 26 de febrero se debate en segundo y definitivo trámite en el Pleno.
Organizaciones sociales como los Defensores del Agua, encabezados por el excandidato presidencial Yaku Pérez Guartambel, presentaron una acción de protección alegando que no se cumplió con la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades, establecida en la Constitución.
También la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), liderada por Leonidas Iza, expresó su rechazo al proyecto y exigió su archivo. Entre sus principales preocupaciones están:
-
El posible reemplazo de la licencia ambiental por autorizaciones administrativas más flexibles.
-
Riesgos a la consulta previa.
-
Impacto en la minería artesanal.
-
Eventual militarización de territorios indígenas bajo la figura de “áreas estratégicas”.
Por otro lado, sectores empresariales y funcionarios defienden la normativa. Argumentan que fortalecerá la seguridad jurídica, atraerá inversión extranjera y permitirá mayor control estatal frente al crimen organizado en zonas mineras.
🏛️ 2. Reformas al Cootad: alcaldes y prefectos acuden a la Corte Constitucional
Las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) ya enfrentan acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sostiene que la ley rompe el principio de generalidad al establecer criterios distintos de inversión pública entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Según el Municipio capitalino, su aplicación obligaría a ajustar aproximadamente USD 459 millones.
El Concejo Metropolitano aprobó una resolución para que se interpongan acciones legales, mientras que también presentaron demandas:
-
La Unión Nacional de Educadores, presidida por Andrés Quishpe.
-
Legisladores de Revolución Ciudadana y Pachakutik.
-
Autoridades provinciales como la Prefectura de Pichincha.
Los críticos advierten que la reclasificación de proyectos de inversión como gasto corriente afectaría programas sociales, educación municipal, transporte público y estabilidad laboral.
👷 3. Acuerdo Ministerial 046: pulseada entre sindicatos y empresarios
El Acuerdo Ministerial MDT-2026-046, emitido por el Ministerio del Trabajo, introduce nuevos esquemas para jornadas especiales y turnos laborales.
El rechazo proviene principalmente del movimiento sindical. El dirigente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, cuestionó la medida por considerar que vulnera principios del Derecho Laboral.
Asimismo, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció movilizaciones nacionales y acciones de inconstitucionalidad. Los sindicatos sostienen que la norma precariza el empleo, elimina pagos extras y desconoce la progresividad de derechos laborales.
En contraste, la Cámara de Comercio de Guayaquil respalda la flexibilización. Su presidente, Miguel Ángel González, afirmó que la medida otorga mayor versatilidad operativa a las empresas y podría dinamizar sectores como el turismo.
🔎 Un escenario de alta tensión política
En conjunto, estos tres frentes colocan al Gobierno de Daniel Noboa ante:
-
Presión constitucional en la Corte.
-
Movilización sindical anunciada.
-
Resistencia de sectores indígenas y ambientales.
-
Debate legislativo clave para su agenda económica.
El desenlace dependerá de las resoluciones judiciales, la votación en la Asamblea Nacional y la capacidad del Ejecutivo para sostener consensos en medio de un clima político cada vez más polarizado.