Quito.- El 19 de diciembre de 2025, la Contraloría General del Estado aprobó el informe general de auditoría No. DPA-0066-2025, que corresponde al examen especial realizado en la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, ETAPA EP, que analizó los subsistemas de: planificación del talento humano, clasificación y valoración de cargos, reclutamiento, selección y contratación de personal, evaluación del desempeño, inducción, formación, capacitación y al pago de remuneraciones, entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2025.
La auditoría dio seguimiento al cumplimiento de 6 recomendaciones contenidas en un informe anterior de número DPA-0002-2023, determinándose que 2 de las recomendaciones no se cumplieron, debido a que no se dispusieron acciones de seguimiento y coordinación entre las áreas de Gerencia General y Gestión de Talento Humano, lo que ocasionó que a la fecha de corte del examen especial no se recuperaron los valores pagados en exceso por concepto del décimo tercer sueldo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, manteniéndose un saldo pendiente de recuperar de USD 245.501,84.
Además, el equipo auditor observó que la creación del cargo de “Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos”, en junio de 2023, se realizó sin sustento técnico y sin considerar la normativa interna de talento humano dejando expuesta a la empresa a posibles acciones judiciales.
El informe también detalla que la designación de un servidor en un cargo de libre nombramiento y remoción como “Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos” incurrió en inhabilidad por el parentesco, en primer grado de afinidad, en este caso con un concejal urbano del cantón Cuenca, ocasionándose que se cancele al servidor el valor de USD 107.031,23, en el periodo comprendido entre el 3 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2025, sin que este valor haya sido reintegrado a la empresa.
Asímismo, la auditoría precisa falta de acciones de cobro, pagos en exceso a servidores y ausencia de un registro contable, por lo que, a la fecha de corte del examen se mantienen valores pendientes de cobro de años anteriores por un valor de USD 245.501,84, afectando los principios de transparencia, confiabilidad y eficiencia en el uso de recursos públicos.
Con relación a la presentación de las declaraciones patrimoniales juradas ante la Contraloría, se identificó que 5 servidores lo hicieron de manera extemporánea y 24 no la presentaron, por lo que no se dio cumplimiento a la disposición emitida por el Contralor General del Estado Subrogante, a través del oficio circular 037-CG-2024 de 8 de julio de 2024, lo que ocasionó que no se garantice la idoneidad del personal en el cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia en el servicio público.
Otra de las irregularidades tiene que ver con la falta de procesos de reclutamiento y selección del personal en ETAPA EP, debido a que no hubo supervisión ni control en la ejecución de estos procesos, ni se implementó la normativa institucional, causando el ingreso de servidores sin cumplir procesos formales de selección. A esto se suma, que la actualización de descriptivos funcionales y perfiles de cargo se realizó sin sustento técnico y sin el cumplimiento de los procedimientos internos de talento humano.
Finalmente, la auditoría determinó que no se implementaron procedimientos administrativos para la determinación, compensación y recuperación por jornadas laborales suspendidas, por lo que se mantienen valores pendientes de cobro de servidores desvinculados por USD 26.906,00; y no se cuente con la recuperación integral por este concepto.
Con base en estos hallazgos, el equipo auditor de la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal y sugiere responsabilidades administrativas por USD 88.000,00 y civiles por USD 107.031,23.