Quito.- La reciente sentencia internacional que obliga a Ecuador a pagar USD 220 millones a la petrolera Chevron volvió a encender las alarmas en la Asamblea Nacional, donde desde hace tres años reposan varios proyectos de Ley de Repetición. Esta normativa busca que los servidores y exservidores públicos respondan con su patrimonio cuando sus decisiones causen perjuicios económicos al Estado.
Ante la contundencia del fallo, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) anunció que solicitará un debate urgente del proyecto más avanzado, elaborado en 2022. Ese informe, que fue remitido a la Presidencia de la Asamblea bajo la gestión de Guadalupe Llori, nunca llegó al Pleno, pese a ser el que más camino legislativo ha recorrido.
El oficialismo sostiene que el país no puede asumir nuevamente los costos de decisiones que califican como “irresponsables” en gobiernos anteriores. El asambleísta Xavier Ordóñez (ADN) atribuyó la responsabilidad de la sanción al manejo jurídico del caso Chevron durante el gobierno de Rafael Correa, donde según dijo se interfirió en el proceso judicial con sentencias forjadas y peritajes amañados. “No puede salir del bolsillo de los ecuatorianos. Quien cometió la ilegalidad debe asumirla con sus propios bienes”, afirmó.
Sin embargo, esta no es la única propuesta de repetición en carpeta. A mediados de 2025, la asambleísta oficialista Camila León presentó un proyecto para recuperar recursos del Estado a través de esta figura legal. También el procurador general, Juan Carlos Larrea, entregó en septiembre un proyecto adicional al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, que se mantiene bajo análisis en la Comisión de Justicia. Ninguno de ellos ha avanzado.
La Revolución Ciudadana (RC), por su parte, rechaza frontalmente las acusaciones. El legislador Comps Córdova aseguró que el laudo arbitral no menciona responsabilidad alguna de la RC y apuntó a los gobiernos de 1995 y 1998 por firmar acuerdos que liberaron a Texaco hoy Chevron de responsabilidades ambientales. Además, acusó a las administraciones de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa de “favorecer” a la petrolera al no respaldar adecuadamente a las comunidades afectadas.
En medio de la pugna política, la Asamblea prevé instalar el debate del proyecto de 2022 este 16 de diciembre, antes de entrar en receso legislativo. Con varias propuestas acumuladas y un fallo millonario que ha generado indignación en la ciudadanía, el Legislativo busca acelerar una normativa que permita evitar que futuras decisiones administrativas se traduzcan nuevamente en altos costos para el país.