Quito.- La Fiscalía General del Estado atraviesa un cambio clave en su dirección. Este viernes 21 de noviembre de 2025, Wilson Mentor Toainga presentó su renuncia como fiscal general subrogante, dejando el cargo en manos de Carlos Leonardo Alarcón Argudo, quien desde hoy encabeza el Ministerio Público.
Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, ya era el funcionario designado por el Consejo de la Judicatura el pasado 3 de octubre para subrogar temporal o definitivamente a Toainga. Su ascenso ocurre en medio de investigaciones de alto perfil que han marcado su trayectoria reciente.
Trayectoria y formación
Carlos Alarcón posee un masterado en Derecho Penal por la Universidad de las Américas y estudios especializados en criminalidad compleja y justicia indígena por la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, según la Senescyt.
Inició su carrera como agente fiscal en Quinindé (Esmeraldas) y luego pasó a especializarse en casos de corrupción dentro de la Fiscalía.
Casos de relevancia a su cargo
Entre los procesos más destacados que ha manejado están:
-
Caso Triple A (2024): investigación por un presunto comercio irregular de combustibles tras discrepancias entre lo despachado por Ecuador y lo reportado por varias empresas. En este caso figura como investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
-
Caso Nene: indagación por presunto tráfico de influencias en la Vicepresidencia. Fueron acusados Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, y Daniel Redrován, exasesor, por supuestamente solicitar dinero a un exfuncionario.
Además, durante sus primeros cinco días como fiscal subrogante encargado, Alarcón solicitó a la Corte Nacional archivar la denuncia presentada por Yaku Pérez contra el presidente Daniel Noboa, la primera dama Lavinia Valbonesi y la empresa Dundee Precious Metals por el proyecto minero Loma Larga, lo que generó amplio debate político.
Con su nueva responsabilidad al frente del Ministerio Público, Alarcón deberá continuar procesos de alto impacto y consolidar la transición institucional tras la salida de Toainga.