Quito. – La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP) presentó en la Corte Constitucional los argumentos de defensa respecto a la demanda de inconstitucionalidad planteada por el concesionario Contecon en contra de la Ley General de Puertos, cuyo objetivo es eliminar el modelo portuario privado y la libre competencia que este implica. El modelo cuenta con más de ocho décadas de plena vigencia y se encuentra amparado por la Constitución y en el marco jurídico nacional. Esto significa que las concesiones marítimas y las autorizaciones otorgadas a los puertos privados se mantienen vigentes y son respaldadas por los principios constitucionales de seguridad jurídica y no retroactividad de la Ley.
“Las operaciones de los terminales portuarios privados no vulneran el texto constitucional, son parte del sistema portuario nacional, donde el Estado mantiene su rol regulador y los operadores privados asumen el 100% de la inversión y del riesgo empresarial”, señaló Javier Cardoso, abogado que defiende a ASOTEP en este proceso. Cabe destacar que el artículo 4 de la Ley General de Puertos otorga atribuciones de planificación, fiscalización, regulación y control a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF) del Ministerio de Infraestructura y Transporte, lo que significa que las terminales privadas:
- Pagan impuestos, tasas y contribuciones
- Destinan el 5% de sus ingresos totales a la SPTMF
- Aportan con el 2,92% sobre los ingresos totales aduaneros al SENAE, por la concesión de Depósito Temporal Marítimo
Los puertos representados por ASOTEP transfieren cerca del 50% del comercio exterior del país y han impulsado inversiones superiores a USD 370 millones en infraestructura y tecnología, generando más de 16.000 empleos directos e indirectos. Atentar contra la continuidad del modelo portuario privado significaría poner en riesgo la capacidad del país para movilizar su oferta exportable (banano, cacao, camarón, etc.), impactando directamente en todos los procesos de la cadena logística y afectando el cumplimiento de compromisos internacionales. El concesionario no cuenta con la capacidad operativa para absorber estos volúmenes, lo que podría traducirse en millonarias pérdidas económicas para el sector exportador, importador y naviero por los retrasos en embarques y deterioro de la imagen de Ecuador.
El modelo portuario privado, además de ser legal y legítimo, ha consolidado al país como un referente regional en manejo portuario basado sobre principios de transparencia, sostenibilidad y cooperación público-privada.