Guayaquil.- Ecuador cumple 22 días de paralización nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Aunque el derecho a la protesta es legítimo, las formas, discursos y consecuencias de esta movilización han generado preocupación en amplios sectores sociales, especialmente por el uso de la violencia, la radicalización ideológica y la falta de propuestas concretas para el país.
Desde el inicio del paro el 22 de septiembre, se han registrado bloqueos de vías, enfrentamientos con la fuerza pública, actos de vandalismo en varias provincias, especialmente en Imbabura y Pichincha, e intentos de tomarse la capital.
Violencia y amedrantamientos
Aunque la dirigencia indígena ha llamado a la resistencia, en la práctica muchas de sus acciones han derivado en violencia desmedida y sistemática, afectando a ciudadanos que no participan en la protesta y vulnerando derechos fundamentales como la libre movilidad, el acceso a servicios de salud, el abastecimiento de alimentos y la destrucción de bienes materiales y productos.
Diversas voces han cuestionado el uso instrumental de comunidades indígenas como fuerza de choque, con la presencia de niños en las marchas.
Testimonios recogidos en zonas rurales denuncian que algunos dirigentes, inducidos por agrupaciones políticas, presionan a sus bases para sumarse al paro, bajo amenaza de represalias como la destrucción de cultivos o el boicot de productos agrícolas.
En ciertos casos, se ha reportado el derrame intencional de leche o la quema de sembríos como castigo a quienes no acatan las órdenes de paralización.
Autoridades han señalado que existen indicios de pagos (dineros ilícitos) a grupos externos para reforzar los bloqueos y generar caos.
Esta práctica, de comprobarse, deslegitimaría la protesta y pondría en riesgo la seguridad ciudadana, al abrir espacio a actores violentos sin vínculo real con las demandas sociales.
La cúpula de la Conaie ha sido señalada por mantener una postura ideológica de extrema izquierda, que rechaza sistemáticamente cualquier modelo de desarrollo que no se alinee con su visión política.
Esta radicalización ha dificultado los procesos de diálogo y ha convertido la protesta en una plataforma de confrontación más que de construcción.
Paradójicamente, muchos de los sectores que lideran la protesta son productores agrícolas que, ante un alza de precios por la elevación de la transportación de sus productos, podrían ajustar sus márgenes de ganancia y compensar sus gastos.
Sin tanto les afecta la eliminación del subsidio al diésel ¿por qué en sus propuestas no está la mejora de los precios de los productos agrícolas, que en realidad se lo merecen?
Al parecer no lo hacen porque existe gran negocio de quienes explotan a sus propios compañeros (indígenas intermediarios) que tiene grandes ganancias por la especulación.
Llamado al odio y sin hoja de ruta
Algunos discursos emitidos por voceros del movimiento han sido interpretados como llamados al odio de clases.
Frases como “que la clase media y alta se quede sin comida si no apoya la lucha” han circulado en redes sociales, generando indignación y polarización.
Este tipo de retórica no solo fractura el tejido social, sino que debilita la legitimidad de cualquier causa.
Aunque la Conaie ha exigido mejoras en salud, educación y seguridad, no ha presentado propuestas técnicas ni mecanismos viables para alcanzar esos objetivos.
La protesta, en lugar de abrir caminos de solución, se ha centrado en la presión y el bloqueo como única estrategia.
El rechazo frontal a la minería formal ha sido otro de los ejes del discurso indígena.
Sin embargo, esta postura favorece indirectamente la minería ilegal, que opera sin controles ambientales ni tributarios, afectando a las mismas comunidades que dicen proteger.
Una revisión de los perfiles de varios dirigentes revela trayectorias políticas consolidadas, acceso a grandes recursos y vínculos con organizaciones internacionales.
Esto ha generado dudas sobre si realmente representan a los sectores más empobrecidos o si responden a agendas propias, alejadas de las necesidades urgentes de sus bases.
Coacción interna
En comunidades donde no todos respaldan el paro, se han reportado actos de presión y violencia interna cerrando comercios y atacando con palos y piedras a sus propios comuneros.
La imposición de bloqueos, el sabotaje a quienes quieren trabajar y la destrucción de productos agrícolas contradicen el discurso de defensa de la economía campesina.
Algunos analistas advierten que la Conaie, (con apenas el 7.7% de la población indígena, según el censo de 2022), busca consolidar estructuras paralelas de poder, con tintes ideológicos, basados en la extrema izquierda, que desafían la institucionalidad democrática.
La creación de “gobiernos comunitarios” y la negativa a acatar decisiones del Estado central alimentan esta percepción.
Aunque los pueblos indígenas representan una parte importante de la diversidad ecuatoriana, no constituyen la mayoría de la población.
Sin embargo, sus dirigentes exigen que sus demandas se impongan sobre el conjunto del país, sin considerar los efectos colaterales ni la pluralidad de voces.
El paro nacional ha puesto en evidencia tensiones históricas no resueltas, pero también ha revelado prácticas preocupantes dentro de ciertos sectores de la dirigencia indígena, que buscan desobedecer el orden constituido.
La protesta social es un derecho, pero no puede convertirse en un instrumento de imposición, violencia o chantaje. Ecuador necesita diálogo, propuestas y respeto mutuo, no más fracturas.
Colaboración: Xavier Macias