Durán.- Los cabecillas de bandas criminales han encontrado un nuevo recurso para eludir la cárcel en las audiencias de calificación de flagrancia y formulación de cargos: la presentación de certificados médicos que los declaran como pacientes con VIH o de otras enfermedades.
En las últimas semanas, esta estrategia quedó en evidencia al menos en dos casos emblemáticos: el de Luis Enrique Zambrano Castillo, alias ‘Matatán’, un cabecilla de Los Chone Killers en Durán (en Guayas), y el de John Jairo González Matamba, alias ‘Matamba’ o ‘Chocolate’, un presunto «brazo armado» de Los Tiguerones en la vecina ciudad de Guayaquil.
Ambos lograron evitar la prisión preventiva gracias a supuestos diagnósticos de enfermedades catastróficas. En el caso de ‘Matatán’ la Fiscalía demostró posteriormente que el certificado presentado en la audiencia de flagrancia era falso, pero para entonces el sospechoso ya se encontraba en libertad.
Séptima detención y fraude procesal
Zambrano Castillo, ‘Matatán’, identificado por la Policía como Objetivo de Intermedio Valor para el Estado y cabecilla de los Chone Killers, resultó aprehendido por séptima vez en su historial delictivo el pasado 24 de agosto de 2025 en la Avenida Nicolás Lapentti, arteria principal de Durán, en Guayas.
El sospechoso registraba seis detenciones previas y antecedentes penales por tentativa de asesinato, robo, tenencia y tráfico de armas, asociación ilícita y tráfico ilícito de drogas, entre 2003 y 2021.
Pero, según la Fiscalía, los policías que intervinieron en la detención presentaron al detenido como si no tuviera antecedentes penales y no habrían informado que en el vehículo se trasladaban cinco personas más. Se abrieron dos nuevas investigaciones por uso de documento falso y presunto fraude procesa
Detención y salida en libertad de Matatán:
Durante el operativo de detención de alias ‘Matatán’, se incautó una pistola Glock, tres alimentadoras, una cargadora para 36 municiones y USD 10.000 en efectivo ocultas en un compartimiento secreto en la camioneta que conducía el cabecilla. Al vehículo sospechoso se le hizo seguimiento desde el El Recreo, al noreste del cantón, hasta el Terminal Terrestre de Durán, donde se lo detuvo.
Zambrano no pudo justificar la tenencia del arma, municiones ni el dinero, aunque su defensa alegó después que el efectivo era para la diálisis de un familiar menor de edad.
En la audiencia de flagrancia del 25 de agosto, la defensa de Matatán presentó un certificado médico emitido por el Hospital Básico Nicolás Cotto Infante del Ministerio de Salud Pública (MSP), en Vinces (Los Ríos).
Este documento certificaba que Zambrano padecía del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH-SIDA) «en etapa terminal», lo que, de acuerdo con el artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), justificaba medidas cautelares alternativas a la prisión.
Pese al pedido de prisión preventiva de la Fiscalía, el juez optó por conceder medidas no privativas de libertad: presentación periódica semanal ante la Fiscalía y prohibición de salida del país.
Días después, la Fiscalía comprobó que el documento era falso. El hospital público confirmó que Zambrano nunca había recibido atención en esa casa de salud y que el registro del supuesto médico tratante no existe. Con base en esta evidencia, el Juez de la Unidad Judicial Penal de Durán reformuló cargos contra ‘Matatán’ el 9 de septiembre de 2025, elevando el delito de porte de arma a tráfico ilícito de armas de fuego. Se ordenó a la Policía su localización y captura.
¿Vacíos legales o corrupción?
Los casos ponen de manifiesto las vulnerabilidades del sistema judicial y sus vacíos, pero también ahondan en los señalamientos de autoridades como el ministro del Interior, Jhon Reimberg, que apunta a supuestos casos de corrupción de jueces y fiscales en el abuso de medidas sustitutivas a la prisión.
Un abogado penal, familiarizado con este tipo de causas, le dijo a PRIMICIAS de forma reservada que son los fiscales los encargados de analizar la veracidad de los documentos presentados por enfermedad crónica. Los certificados médicos deben contar con el aval del Ministerio de Salud.
Pero los jueces también tienen herramientas para mitigar la incidencia de este tipo de engaños, ante el uso sospechoso de certificaciones médicas -dijo- y pueden ordenar la prisión preventiva de forma provisional hasta que se compruebe el padecimiento de la enfermedad que alega el procesado.
El caso Plaga reveló hace un año cómo abogados y jueces formaron una red de corrupción judicial que facilitaba la liberación irregular de presos a cambio de sobornos de hasta USD 25.000 por caso. Entre las tácticas usadas, estaba la falsificación de certificados médicos que acreditaban VIH positivo en etapa terminal, con lo que se obtenían beneficios penitenciarios para miembros de bandas criminales, incluidos sicarios y narcotraficantes de Los Lobos y Los Choneros.
Colaboración: Xavier Velásquez