Latacunga.- El Gobierno de Daniel Noboa ratificó este lunes que la eliminación del subsidio al diésel es una decisión tomada y sin espacio para negociación, al tiempo que presentó un ambicioso plan de redistribución de recursos sociales con el objetivo de mitigar el impacto económico en los sectores más vulnerables.
Desde Latacunga, la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, afirmó que el retiro del subsidio al diésel, que elevó su precio de USD 1,80 a USD 2,80 por galón, “ya está decidido” y que no habrá negociaciones que busquen revertir la medida.
En paralelo, el Ejecutivo puso en marcha lo que denominó “el plan de redistribución de recursos e incentivos sociales más ambicioso implementado en Ecuador”, con una inversión estimada de *USD 1 100 millones*. Este contempla una serie de medidas dirigidas a productores, transportistas y familias de bajos recursos.
Entre las acciones destacan:
* El bono Raíces para agricultores, con montos de entre USD 1 000 y USD 100 000.
* Créditos productivos con tasa subsidiada del 9 % anual.
* Un programa de chatarrización dotado con *USD 150 millones.
* Compensaciones económicas para más de 23 mil transportistas, que van desde USD 450 hasta USD 1 000.
* Incentivos por cerca de USD 30 millones para los sectores escolar, institucional, turístico, de carga pesada y carga mixta.
* La construcción de 12 zonas de descanso para conductores* en la vía E35 entre Tungurahua y Pichincha, con una inversión de USD 8 millones, que beneficiará a más de 3 millones de conductores en los próximos dos años.
El Gobierno insiste en que estas medidas buscan evitar que el incremento del diésel repercuta directamente en el bolsillo de los ciudadanos, especialmente en el costo de los pasajes y en los productos de consumo básico. Sin embargo, gremios de transportistas y agricultores mantienen su preocupación por los efectos colaterales de la eliminación de uno de los subsidios más importantes del país.
Colaboración: Xavier Velásquez
