Quito.- Los pueblos waorani de Ecuador negaron categóricamente estar vinculados con actividades de minería ilegal dentro del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta y hogar ancestral de comunidades amazónicas. La declaración se dio en una rueda de prensa realizada en Quito, donde los líderes indígenas respondieron a una denuncia que los señalaba como responsables de permitir el ingreso de maquinaria pesada al territorio protegido.
El presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe), Juan Bay, fue enfático: “No somos mineros. La minería ilegal accede al territorio con la misma dinámica que la legal: llegan, ofrecen sobornos y aprovechan la falta de conocimiento de las comunidades. Esto no es un error de los waorani, es la consecuencia de la falta de presencia del Estado ecuatoriano”, expresó.
La denuncia que encendió la controversia
La polémica surgió a raíz de un reporte presentado por un guardaparque del Yasuní ante el Ministerio de Ambiente y Minas. Según la denuncia, mineros ilegales habrían ingresado con una excavadora gracias a la supuesta colaboración de miembros de la nacionalidad waorani.
La acusación fue replicada por varios medios de comunicación y generó preocupación nacional, ya que se vinculaba directamente a los guardianes ancestrales del Yasuní con actividades de extracción ilícita. Ante esto, la Nawe decidió pronunciarse públicamente para despejar dudas y rechazar la versión oficial.
Juan Bay insistió en que los waorani no avalan ni permiten estas actividades, y recordó que, si algún miembro llegara a ser identificado participando en minería ilegal, sería sancionado y expulsado de la comunidad, pues dichas prácticas van en contra de sus principios de defensa de la selva.
Exigencia al Gobierno: presencia en el territorio
Durante la rueda de prensa, Bay lanzó un mensaje directo al presidente Daniel Noboa: lo instó a visitar las comunidades waorani en Pastaza, Napo y Orellana, para escuchar de primera mano sus preocupaciones y trabajar de manera conjunta contra el extractivismo irregular.
El líder indígena planteó que la única forma de proteger efectivamente al Yasuní es a través de una presencia activa del Estado en la Amazonía. Según explicó, la falta de control estatal ha permitido que tanto la minería como el narcotráfico se infiltren en los territorios ancestrales.
“Necesitamos un Estado que garantice seguridad, salud, educación y oportunidades, no un Estado ausente que luego responsabiliza a los pueblos indígenas de problemas que son externos”, puntualizó.
Apoyo de las organizaciones indígenas
El pronunciamiento de los waorani fue respaldado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país. Su presidente, Marlon Vargas, advirtió que las actividades extractivas, legales o ilegales, solo han dejado contaminación, desplazamiento y pobreza en las comunidades amazónicas.
Vargas lanzó una advertencia al Gobierno: si continúan las violaciones a los territorios ancestrales, la Conaie convocará una Asamblea de emergencia para decidir acciones concretas, entre ellas un paro nacional contra la minería.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) también se pronunció. Su dirigente, María José Andrade, explicó que es injusto responsabilizar a los waorani del ingreso de mineros ilegales. A su criterio, el verdadero problema radica en la acción de fuerzas externas, como el crimen organizado, que utiliza a la Amazonía como corredor de tránsito.
“La minería ilegal es apenas una fachada para el lavado de dinero que genera el narcotráfico en la región”, indicó Andrade.
Incluso recordó que, según información oficial del Gobierno, la única banda delictiva cuya presencia está confirmada en territorios indígenas es la de los Choneros, una organización criminal vinculada al narcotráfico y a redes internacionales de violencia.
El trasfondo: la consulta popular de 2023
El conflicto actual está íntimamente relacionado con la consulta popular del 20 de agosto de 2023, en la que el 58,95 % de los ecuatorianos decidió frenar la explotación petrolera en el Bloque 43-ITT, situado precisamente en el Yasuní.
Ese resultado obligaba al Estado a iniciar el cierre progresivo de los 247 pozos petroleros de la zona. En mayo de 2024, el presidente Noboa creó un comité para organizar el proceso, y en agosto de ese mismo año se anunció el cierre del primer pozo. Sin embargo, desde entonces las organizaciones indígenas han denunciado que el plan se encuentra estancado.
Para los waorani y la Conaie, el Gobierno no tiene la voluntad política de cumplir el mandato popular. En consecuencia, persiste la explotación petrolera y se suma la amenaza de la minería ilegal, lo que agrava la situación de las comunidades amazónicas.
“Las decisiones del pueblo ecuatoriano que tomamos en consultas populares no se respetan”, lamentó Marlon Vargas, recordando que el mandato del 2023 sigue incumplido.
La defensa del Yasuní sigue siendo uno de los mayores retos del Ecuador. Mientras el Gobierno enfrenta presiones económicas y políticas por la caída en la producción petrolera, las comunidades indígenas insisten en que el mandato popular debe cumplirse y que la Amazonía debe quedar libre de actividades extractivas.
Los waorani, en particular, reafirman su compromiso de proteger su territorio y rechazan cualquier vínculo con la minería ilegal. Para ellos, la verdadera amenaza no proviene de sus comunidades, sino de la ausencia estatal y del poder creciente del crimen organizado en la región.
La tensión continúa, y la posibilidad de nuevas movilizaciones indígenas, e incluso de un paro nacional, mantiene el tema en el centro del debate político y social del país.
Colaboración: Xavier Velásquez
