Quito.- La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron la madrugada de este jueves once allanamientos simultáneos en Pichincha y Guayas dentro de las investigaciones por el denominado caso Apagón, en el que se indagan posibles delitos de peculado vinculados a la contratación de generación térmica.
Los operativos de este 28 de agosto se suman a los 17 registros efectuados a finales de julio, acumulando hasta ahora más de 25 allanamientos en distintos inmuebles y oficinas públicas. Como resultado, se han incautado computadoras, teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento y documentación que servirán como indicios para la causa.
Contratos bajo la lupa
La investigación se abrió tras un informe de la Contraloría General del Estado, que detectó irregularidades en contratos firmados en 2024 entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC, destinados a la instalación de termoeléctricas en Quevedo y El Salitral. Dicho informe incluyó Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), entregados posteriormente a la Fiscalía.
En el primer operativo, realizado en julio, la Fiscalía señaló que no buscaba detener a los sospechosos, sino recolectar información de oficinas estratégicas como la Unidad de Negocios TermoPichincha, la Central Térmica Guangopolo, la Empresa Eléctrica Quito, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y ElectroGuayas, donde está ubicada la subestación El Salitral.
Funcionarios señalados
Entre los investigados figura Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec, a quien la Contraloría responsabiliza por inobservar la normativa de contratación pública en los acuerdos con Progen.
En total, 12 personas están bajo investigación, incluido el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien en 2024 se desempeñaba como ministro encargado de Energía y llegó incluso a visitar la planta de Progen.
La Fiscalía mantiene la investigación bajo reserva, pero ha confirmado que el objetivo es determinar posibles irregularidades y desvío de fondos públicos en los contratos que, según la Contraloría, presentaron fallas técnicas y administrativas.
Colaboración: Xavier Velásquez