Quito.- La Corte Nacional de Justicia, máximo órgano de administración de justicia del Ecuador, conforme a sus atribuciones establecidas en la Constitución y las leyes debe garantizar la tutela judicial, el debido proceso y la seguridad jurídica. Además, como órgano supremo del Poder Judicial, debemos velar por la independencia judicial, como un pilar que sostiene a nuestro Estado Constitucional de derechos y justicia.
En ese sentido, este Alto Tribunal, respeta la potestad de juzgamiento y sanción que el Poder de la Judicatura ostenta en el ámbito disciplinario contra las funcionarias y funcionarios judiciales del país; pero de igual manera espera y exege que el órgano administrativo en sus actuaciones y decisiones observe absoluto respeto al debido proceso y los principios que orientan el régimen disciplinario, de modo que sus decisiones estén investidas de transparencia y legalidad.
Hace unos días el Consejo de la Judicatura decidió destituir a un juez de la sala especializada de lo penal, Penal policial, Penal militar, Tránsito, corrupción y crimen organizado de esta Alta Corte, debido a que el magistrado habría incurrido en la causal establecida en el artículo 1091 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece: «Vulnerar a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia interna de las servidoras y servidores de la función judicial»
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia expresa su profunda preocupación sobre el procedimiento y resolución que concluyó con la destitución del magistrado Walter Samno Macías Fernández, en tanto se afectó a uno de los integrantes y que debido a su alta investidura y por cuanto están bajo su conocimiento y resolución varios casos penales, algunos en los que se hallan procesadas altas autoridades del Estado, impactaría en el sistema de justicia del país e incidiría en la independencia judicial. Sobra decir, que estas preocupaciones son compartidas por la comunidad jurídica y la opinión pública ecuatoriana.
La Corte Nacional de Justicia, reitera y enfatiza, como lo ha hecho en otras oportunidades, que la independencia judicial interna y externa, además de la garantía de inamovilidad y estabilidad de las y los jueces, son la base para que las resoluciones judiciales sean imparciales, objetivas y motivadas. Ahora más que nunca, el respeto al ordenamiento jurídico, la garantía de los derechos; y el hecho de que el Consejo de la Judicatura y demás órganos de la Función Judicial adecúen sus actos al orden constitucional, constituye una exigencia y clamor de la ciudadanía.
