Quito.- El próximo jueves, 22 de mayo de 2025 a las 10h00 locales (15h00 GMT), la Asociación Agropecuaria “30 de marzo” hará un plantón en las afueras de la Corte Constitucional del Ecuador, en Quito, para exigir que los jueces se pronuncien en la Causa Nro. 12-23-IS y se les devuelva la propiedad colectiva que les fue arrebatada por empresas que cultivan palma africana y con el consentimiento del Estado ecuatoriano.
Un contingente de esta organización montubia y campesina, que aglutina a 450 personas, viajará desde el cantón Palenque, provincia de Los Ríos hasta la sede de la CCE en la ciudad de Quito, recorriendo más de 120 km para ser escuchados por los jueces.
Desde 2012 y luego de 20 años de vivir en el lugar, la Asociación contaba con un título de propiedad colectiva por más de 600 mil hectáreas emitido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP). Sin embargo, en 2021 la misma cartera de Estado adjudicó ese territorio a otras ocho personas particulares.
Luego de dos procesos contradictorios de acción de protección, en marzo de 2023 las familias de la Asociación fueron desplazados por miembros de la fuerza pública y un grupo armados sin identificar, quienes destruyeron las chacras de los campesinos, para posteriormente implantar la siembra agresiva de palma africana y la tala de 50 has. de bosque primario que servía como zona de amortiguamiento del humedal Abras de Mantequilla que es parte del Sistema Nacional de Áreas protegidas (SNP), sin que el
Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Energética (MAATE) se haya pronunciado al respecto.
Las 74 familias de la Asociación llevan dos años viviendo sin tierra, sin acceder a los recursos mínimos de subsistencia porque se les ha impedido el paso a los lugares de siembra y pesca, además viven la presión de la inseguridad provocada por grupos delincuenciales. Los representantes de la Asociación piden que la Corte Constitucional del Ecuador se pronuncie devolviendo su territorio y anule los procesos judiciales
contradictorios e ilegítimos que llevaron al desalojo. Exigen también la actuación de la Fiscalía General del Estado investigue y condene el caso, y a la Asamblea Nacional que investigue la actuación del Ministerio