Guayaquil.- Los operativos de control en la venta de mascarillas continúan con fuerza en la ciudad, liderados por la Intendencia General de Policía en colaboración con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y el Servicio de Rentas Internas (SRI). Este viernes 9 de mayo, las autoridades recorrieron diversos sectores del centro de Guayaquil para detectar posibles irregularidades en la comercialización de insumos médicos.
Los controles se desplegaron en puntos estratégicos como las calles Sucre y Pío Montúfar, Boyacá y Olmedo, y Letamendi y Chimborazo, donde funcionarios policiales y comisarios realizaron inspecciones minuciosas en varios locales de expendio. Tras revisar las bodegas de cinco establecimientos, se descubrieron miles de mascarillas caducadas y sin registro sanitario, tanto para adultos como para niños.
Pese a los intentos de los administradores por negar la presencia de estos productos en sus inventarios, la intervención de los comisarios permitió una inspección pormenorizada, verificando paquete por paquete la existencia de mascarillas con fecha de elaboración de 2020 y una vida útil de tres años. Ante la evidente caducidad de los insumos, Arcsa dispuso su decomiso inmediato, evitando que llegarán a las manos de los ciudadanos y poniendo en riesgo su salud.
El comisario de Policía Leopoldo Pereira, quien lideró el operativo en representación de la Intendencia de Policía, destacó la importancia de estas acciones y afirmó: “Nuestra prioridad es proteger la salud pública y garantizar que los productos que llegan a los ciudadanos cumplan con las normativas
sanitarias. No permitiremos que insumos médicos vencidos sean comercializados, poniendo en peligro la seguridad de la población”.
Desde la Gobernación del Guayas, liderada por Zaida Rovira, se ha emitido una directriz clara para que las entidades competentes retiren del mercado cualquier producto que represente un peligro para los usuarios. Con estas acciones, las autoridades reiteran su compromiso de proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias en los establecimientos comerciales.
Las sanciones por la venta de mascarillas caducadas o sin registro sanitario están estipuladas en la Ley Orgánica de Salud y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), e incluyen multas de hasta 10 salarios básicos unificados, clausura temporal o definitiva del establecimiento en caso de reincidencia y procesos
administrativos o penales por delitos contra la salud pública, que pueden derivar en penas de prisión.
Las autoridades enfatizan la importancia de adquirir insumos médicos en locales autorizados y verificar su registro sanitario Este tipo de operativos continuará en distintos puntos de la ciudad, reafirmando la vigilancia constante sobre la calidad de los productos comercializados y evitando riesgos innecesarios para la población.